Las diligencias de este caso fueron efectuadas coordinadamente por la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado de la PDI, BRIANCO de Coyhaique, otras Brigadas de diversas regiones y la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía en la Región de Aysén, como parte de una nueva indagatoria por tráfico ilícito de estupefacientes que logra ser desbaratada gracias al trabajo conjunto del Ministerio Público y la PDI en esta zona del país.
De acuerdo a la acusación presentada por la fiscal María Inés Núñez, los acusados Alexis Iván Barría Villegas, María Ignacia Olmedo Oyarzún, Diego Javier Araneda Guenel, Sonia Francisca Barraza Pacheco, Rodrigo Andrés Salazar Vargas, Jorge Alberto Cáceres Vásquez, Cristina Johana Carrasco Piffaut, Danny Gregory Carrasco Santana, Camilo Andrés Carrasco Santana y un décimo sujeto que resultó absuelto, desde una fecha indeterminada pero a lo menos desde diciembre de 2020, formaron una asociación dedicada al tráfico ilícito de drogas.
Dentro de ese grupo delictual, existía una estructura de mando y roles específicos de sus integrantes, asumiendo cada uno diversas responsabilidades para la recepción, acopio, transporte, distribución y comercialización de sustancias ilícitas como clorhidrato de cocaína, diversas drogas sintéticas y cannabis.
De acuerdo a lo mencionado en el juicio oral, por la fiscal María Inés Núñez, su modus operandi -en general- consistía en adquirir droga desde la zona centro del país para acopiarla posteriormente en Puerto Montt. En dicha ciudad, se mantuvo la central de operaciones para el tráfico de drogas, para luego ser distribuida y comercializada en diversas comunas del sur de Chile, entre ellas Coyhaique, Puerto Varas y Puerto Montt, ilícito que fue detectado por la Fiscalía y Policía de Investigaciones.
Las penas para las y los imputados, 5 de los cuales tenían residencia en Puerto Montt y Puerto Varas, 2 de Santiago y 2 de Coyhaique, serán conocidas en la audiencia de lectura de sentencia del próximo viernes 14 de julio a las 15.00 horas.
Para este caso, la Fiscalía solicitó penas que oscilan entre los 7 y 20 años de presidio para las y los imputados.








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