39 funcionarios en retiro del Ejército reintegrados a honorarios entre el año 2012 y 2017 y 3 familiares también contratados bajo la misma modalidad, serán formalizados por la Fiscalía Regional de Aysén por el delito de fraude al fisco, luego de un minuciosa investigación encabezada por el Fiscal Regional, Carlos Palma Guerra y una Fuerza de Tarea integrada por detectives de la PDI y funcionarios del Ministerio Público.
Todos los imputados fueron contratados para prestar servicios en la IV División del Ejército de Chile, trabajos que nunca realizaron. Según explicó el Fiscal Regional, Carlos Palma, las contrataciones se efectuaban con fondos del Estado, para saldar la deuda tras el cierre del denominado Fondo de Ayuda Mutua, FAM.
En los 39 casos a honorarios, los montos comprometidos oscilan -en cada involucrado- entre los 329.549 mil pesos a 11.437.030 pesos por persona. En el caso de los 3 familiares, que supuestamente prestaban asesorías en materias de computación, administración y documentación, los dineros defraudados varían entre los 3.494.268 pesos a 9.757.764 pesos por cada uno.
El total comprometido en estos casos, supera los 164 millones de pesos. Las diligencias, respecto de otras 80 personas -todos en retiro-, continúan por parte del Fiscal Palma y la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, SACFI, a cargo del fiscal Jefe, Luis González Aracena y la Fuerza de Tarea Aysén de la PDI.
En octubre del pasado, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, resolvió que el Segundo Juzgado Militar de Santiago era competente para conocer de los hechos investigados en la denominada causa FAM, la cual fue tramitada desde el 2018 por la Fiscalía Regional de Aysén.
La determinación, involucró a todos aquellos imputados en servicio activo, es decir cerca de 700 oficiales y suboficiales de distinto rango.
Tras esta resolución del máximo tribunal del país, la causa respecto de los oficiales y suboficiales en servicio activo, fue remitida al Segundo Juzgado Militar para continuar su tramitación por parte de la Ministra en Visita Extraordinaria, Romy Rutherford Parentti.
De acuerdo a las primeras estimaciones efectuadas en su momento, durante las diligencias de la Fiscalía y PDI, los montos involucrados superarían en total los 2.900 millones de pesos en este caso de fraude al fisco y con más de 822 involucrados.








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