PDI detiene en Cañete, Región del Bío Bío, a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

La detención de Llaitul fue solicitada por la Fiscalía de la Araucanía, la que tendría pruebas que lo vincularía con robo de madera, usurpación y atentado contra la autoridad, hechos por los cuales el año 2020 se había querellado el Gobierno de Sebastián Piñera invocando la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado (LSE). Adicionalmente, se le imputará incitar a cometer delitos contra el orden público, sancionados en la LSE y su validación de la vía armada, solicitud hecha en la ampliación de la querella interpuesta por la actual administración de Gobierno en un cambio de postura frente al actuar de Llaitul y del grupo armado que encabeza en la macro zona sur del país. 

En el transcurso de la tarde, el Presidente de la República se reunió con la Ministra del Interior, Izkia Siches, y la Ministra de Defensa, Maya Fernández, para evaluar un plan de contingencia en la zona sur, en el caso que se produjeran actos de violencia como reacción a la detención de Llaitul, decidiéndose, además, que tanto Maya Fernández como el subsecretario del Interior, el también socialista Manuel Monsalve, se interioricen personalmente de la situación viajando hacia Temuco.

Siches, en una comparecencia conjunta con la Ministra Vallejos ante la prensa pasadas las 16:30 horas, valoró la gestión de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones y llamó a no sacar rédito político de estos hechos.

Mientras tanto, los gobernadores regionales del Bío Bío, Rodrigo Díaz; y de la Araucanía, Luciano Rivas, solicitaron que el detenido sea trasladado hasta la cárcel de alta seguridad de Santiago, así mismo, advirtieron sobre la posibilidad de recrudecimiento del clima de violencia haciendo un llamado a resguardar y reforzar la seguridad en la macro zona sur.

Por su parte, la diputada socialista Emilia Nuyado, en entrevista a CNN Chile, sostuvo que la detención de Llaitul no es la solución al conflicto mapuche, señalando además que esperaba que se tengan pruebas suficientes en su contra y que no se esté frente a una situación similar a la ocurrida con la Operación Huracán y expresando que no se ha indagado lo suficiente sobre las posibles responsabilidades de las propias forestales en el robo de madera en la zona.