“En la actualidad los niveles de deserción y ausentismo escolar han aumentado dramáticamente, lo que nos llama a reflexionar acerca de cuáles son las principales causas de esta triste y preocupante realidad”. Este es uno de los argumentos con los que el senador David Sandoval fundamentó la presentación de un proyecto de ley que busca sancionar a padres o tutores que mantienen a niños fuera del ciclo escolar.
Según cifras del Ministerio de Educación (Mineduc), a nivel nacional hay 50.529 personas (en Aysén son 282) en situación de desvinculación escolar, es decir, que estando escolarizadas en 2021, no se matricularon en ningún establecimiento educacional durante el presente año.
A eso se suman los datos en materia de ausentismo escolar, donde Aysén se se ha convertido en la quinta región del país -y la más austral-, con mayor índice de inasistencia, alcanzando un porcentaje de 34,7%, de acuerdo a un estudio elaborado por la Fundación Educacional Presente.
En esa línea, Sandoval recordó que si bien la pandemia fue un factor determinante en el rendimiento y disposición hacia la escuela, considerando el confinamiento de cerca del total de la población, también se debe reconocer “que el ausentismo escolar es un flagelo que encuentra su causa en factores más de fondo y que se vinculan al desmembramiento de los valores familiares y a la renuncia que padres y tutores hacen de sus obligaciones parentales”.
Tales elementos, indicó, “tiene consecuencias jurídicas ineludibles, pues la propia ley le asigna una función trascendental a los padres, como es la función de garante de la vida e integridad física y psíquica de sus hijos o las personas que tengan a su cuidado”, recordando además que a nivel internacional diversos tratados han elevado a la categoría de derechos humanos el concepto de «interés superior del niño». “La Convención sobre Derechos del Niño, por ejemplo, garantiza que vivan en un nivel de vida acorde a su edad, cuando señala: «Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”, explicó.
Agregó que cualquier acto atentatorio en contra del desarrollo en cualquiera de sus dimensiones de crecimiento, debe ser sancionada por atentar en contra de derechos humanos reconocidos a nivel de legislación nacional como internacional. “No obstante la carencia de un tipo penal que haga efectiva una sanción en esta sede hace que lo previsto en la legislación común se vea gravemente incumplida”, subrayó.
En consideración a todos estos antecedentes es que el senador Sandoval presentó la iniciativa legal, la cual fue respaldada por un grupo transversal de parlamentarios. “Busca establecer una sanción penal respecto de aquellos padres o tutores que renunciando indebidamente a sus obligaciones, mantienen a sus hijos en situación de deserción o abandono escolar. Creemos que una sanción de esta naturaleza no sólo inhibiría esta práctica, sino que también alentaría a propiciar la formalidad en la formación escolar y con ello alejarlos de flagelos como la delincuencia”, concluyó.
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