Con apoyo de Fiscalía y Programa Apoyo a Víctimas: Se realizarán capacitaciones en colegios de la región sobre como actuar frente a delitos sexuales hacia NNA

Con el fin de fortalecer la respuesta de parte de los establecimientos educacionales ante el  conocimiento de casos de agresión sexual que sufren niños, niñas y adolescentes, desde la semana  del 21 de agosto, Fundación Amparo y Justicia, con el apoyo de la Fiscalía Regional y el Programa de Apoyo a Víctimas, realizará capacitaciones a docentes y no docentes de escuelas, colegios y liceos de la región de Aysén.  

Hasta la fecha, 44 establecimientos educacionales de Coyhaique, Puerto Aysén, Cisnes, Villa  O’Higgins, Río Ibáñez, Cochrane, Guaitecas y Chile Chico han querido participar en estos talleres, los  cuales se realizarán de forma presencial y online.  

“Estamos muy conscientes del importante rol que cumplen profesores, profesoras y todos quienes  trabajan en los establecimientos educacionales. Ellos se transforman en personas de confianza de  los alumnos y alumnas, por lo tanto, es fundamental que estén preparados para acogerlos si se  enteran de alguna agresión sexual. Estudios señalan que el 85% de niños, niñas o adolescentes  devela frente a un adulto, ya sea un familiar o profesionales que están en contacto con ellos”, afirma  Catalina Fernández, directora ejecutiva de Fundación Amparo y Justicia.  

Junto a las capacitaciones, la organización sin fines de lucro lanzará una campaña comunicacional  con el fin de informar sobre la importancia de denunciar un delito y cómo proceder frente al relato de una víctima. “Queremos transmitir la importancia de denunciar ya que comunicar un delito a las  instituciones, ya sea a Carabineros, Policía de Investigaciones, la Fiscalía o tribunales, permitirá no  sólo iniciar una investigación sino también aplicar medidas de protección a favor de ese niño, niña  o adolescente”, precisa la representante de la Fundación.  

Fundación Amparo y Justicia es una organización de la sociedad civil que desde hace 25 años facilita el acceso a la justicia y a la reparación psicosocial a familias que han perdido a un hijo o hija por el  delito de agresión sexual con resultado de muerte. En base a esta experiencia, han logrado incidir  en políticas públicas que buscan mejorar la respuesta que el sistema de justicia penal otorga a niños,  niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales.  

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