Un proyecto para incinerar el 97% de los residuos de seis localidades en la cuenca del lago General Carrera, impulsado por el alcalde de Chile Chico, Luperciano Muñoz, ha generado controversia y rechazo por parte de la comunidad y organizaciones ambientalistas. La iniciativa, que contradice las políticas regionales de gestión de residuos, fue declarada inadmisible por el Servicio de Evaluación Ambiental.
Muñoz, quien ahora aspira a la alcaldía de Coyhaique, propone la construcción de una planta de «termodisociación anóxica» en un terreno de 45 hectáreas aledaño al actual vertedero de Puerto Bertrand. Esta tecnología, que según el alcalde no se considera «incineración», consiste en quemar residuos orgánicos, plásticos, papel, cartón y otros materiales con poder calorífico a altas temperaturas y sin oxígeno.
La propuesta ha sido cuestionada por grupos ambientalistas al contradecir el «Plan de Gestión de Residuos Sólidos Municipales 2015-2035» del Gobierno Regional de Aysén, que prioriza la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos. Además, organizaciones ciudadanas han alertado sobre los potenciales riesgos para la salud humana y el medioambiente asociados a la incineración de residuos, como la emisión de dioxinas, furanos y metales pesados.
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), tras analizar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada por el municipio, declaró la iniciativa inadmisible por no cumplir con los requisitos mínimos. El SEA había solicitado previamente aclaraciones sobre la gestión de las emisiones atmosféricas, el tratamiento de las aguas residuales y la disposición final de las escorias y cenizas, entre otros aspectos.
Doce organizaciones de las comunas de Chile Chico y Río Ibáñez, cuyas localidades se verían afectadas por el proyecto, solicitaron al SEA que la iniciativa se someta a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el máximo estándar de evaluación ambiental, debido a sus potenciales efectos negativos sobre la salud de la población, los recursos naturales y el sistema de vida de las comunidades.
La controversia en torno a este proyecto pone de manifiesto la creciente preocupación por la gestión de residuos en la región de Aysén y la necesidad de avanzar hacia modelos más sostenibles y participativos que prioricen la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos.
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