La Contraloría Regional de Aysén instruyó un sumario administrativo contra el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, luego de acoger parcialmente una denuncia por acoso laboral presentada bajo la Ley Karin por una funcionaria encargada de la Unidad de Gestión de Personas. Tal como informó el medio Fast Check CL 🔗, el organismo fiscalizador determinó que seis de los doce hechos denunciados presentaban antecedentes suficientes para ser investigados. Entre ellos, la falta de respuesta a comunicaciones dirigidas al alcalde, la exclusión de la funcionaria de comités de selección donde debía participar por normativa, y su traslado a otra unidad sin funciones definidas. Todas estas situaciones, según el dictamen, afectaron el normal desempeño de sus labores y configuraron indicios de hostigamiento que ameritan investigación formal .
El oficio de Contraloría enviado al municipio el 28 de octubre instruyó abrir un sumario para esclarecer las responsabilidades administrativas involucradas y determinar si las conductas observadas se ajustan a los estándares de la Ley Karin, proceso que incluye al alcalde y también a la administradora municipal, Gabriela Retamal. La revisión desestimó otros hechos denunciados por considerarse medidas administrativas propias de la gestión interna o por carecer de elementos suficientes para constituir acoso laboral.
En paralelo a este escenario, el municipio anunció el 4 de diciembre —a través de su cuenta oficial de Instagram— una “transición en la Administración Municipal”, informando la salida de Gabriela Retamal Retamal del cargo de administradora municipal. En la declaración pública, la Municipalidad sostuvo que la desvinculación obedecía a un proceso de reorganización interna y a la necesidad de “adecuar la estructura municipal” para enfrentar nuevos desafíos, sin hacer mención a la resolución de Contraloría que involucraba directamente a la funcionaria. Además, se destacó su rol durante la instalación de la actual administración, valorando su trabajo y disposición durante el período inicial.
El sumario instruido por Contraloría abre un proceso que deberá aclarar si las decisiones adoptadas por la autoridad comunal se enmarcaron dentro de sus atribuciones o si configuraron conductas contrarias a la normativa vigente en materia de acoso laboral, especialmente bajo los criterios más estrictos que establece la Ley Karin.
*Imagen de archivo
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