En los campos de Aysén, el miedo amenazaba con correr más rápido que la plaga. Ante la alarma por supuestas mermas productivas derivadas de la cuncunilla negra (Dalaca spp.), las autoridades han salido a atajar el pánico: el campo no enfrenta una catástrofe ni hay ganado muriendo de inanición.
Para gestionar la contingencia, el Consejo Regional aprobó una inyección de 750 millones de pesos a través del programa FNDR Suelos. Sin embargo, el seremi de Agricultura, Eugenio Ruiz, fue tajante al desmentir las cifras apocalípticas —4.300 millones de pesos en pérdidas y 3.000 novillos muertos— que circularon recientemente. «Es un cálculo hipotético del INIA basado en supuestos estadísticos, no un catastro de daño real en los predios», aclaró.
La cuncunilla es un insecto nativo que ha proliferado debido a inviernos más suaves, síntoma inequívoco del cambio climático. Su avance plantea una encrucijada territorial: ceder a la inmediatez de los agroquímicos, asumiendo el daño colateral a los polinizadores, o apostar por la sostenibilidad.
Aysén ha elegido la segunda vía. Los nuevos recursos no financiarán una erradicación química indiscriminada, sino prácticas silvoagroambientales. Se privilegiarán controladores biológicos —como hongos y virus— y el manejo de praderas por pisoteo animal. Una transición ecológica para demostrar que el campo patagón sigue en pie, produciendo lejos de la emergencia.






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