La Corte Suprema puso punto final al caso del oficial de más alto rango condenado en Chile por delitos del estallido social. El tribunal rechazó los recursos de nulidad y ratificó las penas dictadas en Coyhaique contra la máxima autoridad de Carabineros en Aysén en 2019, el exprefecto Pablo Capetillo, y el exjefe de Fuerzas Especiales, Juan Fuentes. Ambos cumplirán 700 y 300 días de presidio, respectivamente, por obstrucción a la investigación.
El caso expuso una grave grieta institucional en la Patagonia. En noviembre de 2019, durante las protestas en la Avenida Ogana de Coyhaique, un policía fue herido gravemente por un proyectil. La institución culpó a un estudiante, forzando su prisión preventiva. Sin embargo, la Fiscalía acreditó que Capetillo y Fuentes tuvieron acceso a un video que exculpaba tajantemente al joven. Pese a la contundente evidencia, el prefecto ordenó ocultar el registro de los informes enviados al Ministerio Público.
Para el fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal, Luis González, quien lideró la indagatoria, la resolución es tajante. Subrayó que ocultar información para mantener a un inocente en la cárcel es un acto de «corrupción pública inaceptable que vulnera el Estado de Derecho en una sociedad democrática».
El proceso, querellado por el INDH y el Consejo de Defensa del Estado, culmina con la remisión condicional de la pena para los exoficiales, cerrando el episodio de abuso de poder más emblemático de la historia reciente en Aysén
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