La orden de austeridad emanada desde Santiago por el Presidente José Antonio Kast ya tiene cifras y damnificados en la Patagonia. El Gobierno Regional de Aysén absorberá un severo recorte del 6% en su presupuesto 2026 —más de 5.000 millones de pesos— impuesto por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, para evitar un colapso en una zona donde el 70% de la economía depende de la billetera del Estado, el gobernador Marcelo Santana trazó una línea roja: las grandes obras de infraestructura y el empleo local no se tocarán.
«Resguardamos la inversión porque ahí está la dinámica económica de las comunas», justificó Santana, garantizando la continuidad de más de 30 licitaciones en curso. Para graficar la magnitud del golpe centralista, advirtió que el monto restado equivale al costo total de restaurar los tres principales consultorios (Cesfam) de la región.
Pero el escudo al cemento obliga a sacrificar otros frentes. Magdalena Léniz, jefa de Presupuestos, confirmó que el ajuste asfixiará las transferencias de capital. Las víctimas directas serán los municipios y los programas de fomento y conectividad operados por Corfo, Sercotec, Agricultura y Subtel, congelando iniciativas de lenta ejecución.
Mientras los gobernadores (Agorechi) presionan a la Dipres para mitigar el daño en las zonas extremas, este reajuste enfrentará su prueba de fuego la próxima semana, cuando el Consejo Regional vote esta reestructuración forzada.








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