El alcalde de Chile Chico, Ariel Keim, ordenó en las últimas horas una auditoría interna y la actualización urgente del portal electrónico municipal, luego de que el informe 2026 del Consejo para la Transparencia ubicara a la comuna en el décimo peor lugar de todo Chile con apenas un 57,46% de cumplimiento. La medida busca aclarar por qué las distintas direcciones de la alcaldía no subieron a tiempo los datos públicos exigidos por la ley y corregir la falta de acceso de los vecinos de la provincia General Carrera a la información sobre el uso de los recursos comunales.
En una comuna donde localidades como Puerto Guadal, Mallín Grande o Puerto Bertrand se encuentran a varias horas de distancia de la oficina alcaldicia, la falta de datos en internet impide a los habitantes revisar desde sus hogares en qué se gasta el presupuesto municipal, qué compras se realizan o cuáles son los acuerdos del Concejo.
El jefe comunal aseguró que el bajo puntaje no se debió a una falta de directrices, ya que el 17 de abril de 2025 —cuatro meses después de asumir el cargo— envió un memorándum ordenando a todas las unidades entregar al día las actas, sueldos, presupuestos, convenios y permisos de edificación. “Quiero ser muy claro: estas instrucciones no se están impartiendo por primera vez. Hoy, frente a estos resultados, corresponde revisar qué ocurrió, qué quedó pendiente y determinar si existen responsabilidades administrativas”, señaló Keim.
La investigación interna deberá entregar un informe preliminar en diez días hábiles y un reporte definitivo en veinte días hábiles, con revisiones semanales. El objetivo es detectar en qué parte del proceso —desde que se genera el documento hasta que se valida y publica en la web— se produjo el incumplimiento de las órdenes dadas hace más de un año.
Sin esperar el cierre de esa auditoría, el alcalde instruyó publicar de inmediato los antecedentes atrasados, priorizando la ejecución financiera, las compras públicas, las contrataciones de personal y las transferencias de fondos. Para ello, cada jefatura deberá nombrar a un encargado directo y la unidad de Transparencia tendrá que presentar un calendario con plazos fijos. “No estamos conformes con este resultado y no vamos a minimizarlo. Nuestra obligación es garantizar que la comunidad pueda acceder a la información pública”, concluyó la autoridad.







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