La agenda de justicia y seguridad en la Región de Aysén atraviesa un momento de transición crítica. Entre la necesidad de renovar infraestructuras obsoletas y la adaptación a las nuevas normativas nacionales, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos busca afianzar su presencia en uno de los territorios más vastos y aislados de Chile. Así lo ha detallado la Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de la cartera, Andrea Ponce Olivares, en una extensa entrevista concedida a nuestro programa Por Pavimentar.
En un contexto marcado por el debate nacional sobre la Ley “Miscelánea”, ”Tuti Fruti” o “de Reconstrucción Nacional”, Ponce delineó los ejes que marcarán su gestión en la Patagonia chilena: infraestructura penitenciaria, reestructuración institucional, celeridad en los nombramientos judiciales y acercamiento de los servicios al territorio.
El fin de la vida útil de la cárcel de Coyhaique
Uno de los anuncios más relevantes para la capital regional es el avance en el proyecto para una nueva unidad penal en Coyhaique. El actual Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP), erigido en 1960 con una capacidad original para 50 internos, alberga hoy a más de 160 personas. Esta sobrepoblación ha imposibilitado una segregación adecuada entre imputados y condenados, o entre perfiles de distinta peligrosidad.
«La unidad penal de Coyhaique está al debe. Gendarmería hace lo que puede con los recursos que tiene, pero es necesario contar con un nuevo recinto», admitió la Seremi.
El proyecto acaba de dar su primer paso formal tras la aprobación, por parte del Consejo Regional de Aysén, de los fondos para el estudio de prefactibilidad. Esta fase determinará la ubicación idónea —priorizando terrenos fiscales para abaratar costes— y dimensionará las características del nuevo complejo. La autoridad proyecta que el diseño del recinto esté concluido dentro del actual mandato gubernamental (cuatro años). Como medida paliativa y de urgencia, el Gobierno Regional ha inyectado recursos para mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad de la actual cárcel mientras se materializa la obra definitiva.
La división de Gendarmería: seguridad y reinserción
A nivel institucional, el Ministerio se prepara para un cambio tectónico: el traspaso de Gendarmería de Chile al recién creado Ministerio de Seguridad Pública. Ponce explicó que este proceso, que involucra a cerca de 300 funcionarios en la región entre civiles y uniformados, no significará una desvinculación total de su cartera.
«La parte de reinserción quedará en Justicia y Derechos Humanos, lo que significa que se tiene que crear un nuevo servicio», precisó. La Seremi reconoció que toda transición genera incertidumbre institucional, pero subrayó que el objetivo es modernizar la entidad y blindarla contra la corrupción. «Lamentablemente, la corrupción llega a todas partes. Hoy hay una voluntad de todos para mejorar las condiciones y entregar un mejor servicio», afirmó, en referencia a los recientes cuestionamientos a la probidad en diversas esferas del Estado.
Transparencia judicial y el fantasma de las demoras
El eco del «Caso Hermosilla» y la crisis de confianza en los nombramientos judiciales también resuena en Aysén. La región ha sufrido en carne propia la lentitud burocrática del sistema, evidenciada en vacancias prolongadas de cargos críticos, como la Fiscalía Regional, jueces y notarios.
Ponce fue categórica respecto a la necesidad de reformar el sistema de designaciones. «El apurarse en los nombramientos es relevante. Podían pasar meses arriba del escritorio nombres o resoluciones que tenían que firmar los ministros y no se firmaban. Teníamos tribunales sin un juez titular, con subrogancias que demoraban la entrega de justicia a los vecinos», relató. La nueva directriz del Ministerio apunta a dotar de celeridad y base meritocrática a estos procesos, extirpando la opacidad y los «intereses de otra índole».
Justicia «en maleta» para la Patagonia
Más allá de la infraestructura y los tribunales, la geografía fragmentada de Aysén impone un desafío logístico único. Bajo el programa «Justicia en Terreno», la Seremi ha intensificado los operativos móviles.
Equipos del Registro Civil, la Corporación de Asistencia Judicial y la Defensoría se están desplegando por juntas de vecinos, clubes de adultos mayores y localidades rurales. «Con la tecnología que hoy nos entregan, abro una maleta gigante y armo un Registro Civil en cualquier parte», destacó Ponce, ilustrando el esfuerzo por acortar las distancias entre el Estado y las comunidades aisladas.
Finalmente, la Seremi abordó la creciente preocupación por la violencia y las amenazas en recintos educacionales de Coyhaique y Puerto Aysén. Aunque reconoció la alarma social generada por redes sociales, hizo un llamamiento a la calma, recordando que existen protocolos activos e instando a fortalecer la salud mental y la convivencia escolar antes de recurrir a medidas puramente punitivas en menores de edad.
La entrevista completa a la Seremi Andrea Ponce Olivares puede visualizarse en el canal de YouTube de Radio 45 Sur y en las plataformas de Melinka TV y Aysén TV.
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