Escalada de violencia en Aysén: defensores ambientales acuden a la Justicia tras difamaciones y asaltos a sus viviendas

La tensión territorial en la Región de Aysén ha cruzado de las redes sociales a la violencia física. Cuatro reconocidos defensores ambientales interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique para frenar una grave campaña de hostigamiento. La acción apunta contra el excandidato al Senado Manuel Anabalón, acusado de difundir información falsa que vulnera la honra y detonó ataques directos: recientemente, dos de los dirigentes sufrieron el allanamiento ilegal de sus viviendas.

El conflicto estalló tras la viralización de videos donde Anabalón acusa a Daniel Caniullán, Nelson Millatureo, Paolo Maticini y Peter Hartmann de recibir 500 millones de pesos desde Noruega para «boicotear» la economía local. Los afectados desmienten tajantemente la imputación, basada en la distorsión de un reportaje. La exposición tuvo represalias inmediatas con asaltos y robos en los domicilios de Hartmann y Maticini. Los líderes exigen a la Justicia eliminar el material injurioso que los cataloga de «traidores», arriesgando su integridad en el territorio.

Esta escalada se enmarca en la profunda fricción que atraviesa el litoral patagónico: la pugna entre la expansión salmonera y las comunidades que demandan proteger el borde costero mediante la Ley Lafkenche. Para los recurrentes, las falsas acusaciones de financiamiento extranjero operan como una estrategia política para deslegitimar a quienes defienden el patrimonio biocultural de Aysén.

Este artículo describe un proceso judicial en curso y tal como establece el artículo 4 del Código Procesal Penal de Chile, es necesario ponderar la presunción de inocencia hasta que la justicia demuestre o no lo contrario, mediante una condena con sentencia firme.