La tramitación de la responsabilidad de los padres frente a los ilícitos de sus hijos sufrirá un giro radical. El Ministerio de Justicia impulsa un proyecto que trasladará estas causas a los Tribunales de Familia, buscando agilizar un sistema asfixiado por los plazos de la justicia civil. En la Región de Aysén, la iniciativa asoma como una herramienta clave para exigir un involucramiento efectivo del núcleo familiar frente a la transgresión juvenil.
Hasta ahora, exigir reparaciones a tutores por daños causados por menores implicaba un letárgico proceso bajo el Código Civil, lo que en la práctica diluía las normas vigentes. El nuevo régimen pretende cerrar esta brecha.
La seremi de Justicia, Andrea Ponce, valoró el impacto territorial de la medida. «Esta reforma recoge distintas normas hoy dispersas sobre la colaboración de los padres frente a hechos ilícitos, y las traspasa a los Tribunales de Familia. El objetivo es que los procedimientos dejen de ser extensos y fortalezcan el compromiso ineludible en la formación», explicó la autoridad regional.
El cambio jurisdiccional no solo persigue una justicia expedita para las víctimas, sino que introduce un enfoque preventivo urgente para el tejido social aysenino. Al habilitar una intervención temprana, los jueces tendrán la facultad de ordenar la asistencia obligatoria de los adultos a programas de habilidades parentales.
Con esto, el Estado busca enviar una señal clara: corregir conductas transgresoras demanda combinar apoyo institucional con la responsabilidad indelegable de sus tutores.
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