La Fiscalía Regional de Aysén presentó este viernes la acusación con la que busca llevar a juicio oral a ocho personas investigadas por delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, causa que incluye al senador Miguel Ángel Calisto Águila y que se originó tras una extensa investigación desarrollada por la Fiscalía Local de Coyhaique junto a la Policía de Investigaciones.
Según informó el Ministerio Público, en un comunicado público esta mañana, entre los acusados se encuentran el senador Miguel Ángel Calisto, Roland Cárcamo Catalán, Carla Graf Toledo, Felipe Klein Vidal, Sandra Loaiza Henríquez, Fabiola Castillo Bustamante, Natalia Cárcamo Catalán y Roland Cárcamo Garrido, quienes enfrentarán cargos vinculados a distintos episodios de presunto fraude al Fisco y obtención fraudulenta de recursos públicos.
El Fiscal Regional de Aysén, Hernán Libedinsky Moscovich, sostuvo que la acusación se sustenta en un amplio conjunto de antecedentes reunidos durante la investigación.
«La prueba ofrecida por el Ministerio Público considera numerosa prueba documental, testigos y prueba pericial la que, a juicio de la Fiscalía, permitirá acreditar en un futuro juicio oral cada uno de los hechos que se imputan a los acusados en esta causa», señaló el persecutor.
La autoridad añadió que respecto de los principales imputados, entre ellos Roland Cárcamo Catalán, Carla Graf Toledo y Miguel Ángel Calisto, la Fiscalía formuló acusaciones por delitos cuyas penas corresponden a crímenes, atendido el monto de los recursos públicos presuntamente defraudados, el cual supera los 100 millones de pesos, además del carácter reiterado de los ilícitos investigados.
Fiscalía sostiene existencia de un esquema sistemático
En su comunicado oficial, el Ministerio Público sostiene que la investigación permitió establecer un mecanismo permanente para obtener recursos públicos mediante asesorías parlamentarias que nunca habrían sido ejecutadas.
El fiscal Hernán Libedinsky afirmó que los antecedentes recopilados «dan cuenta de un esquema sistemático de defraudación de recursos públicos consistente en servicios contratados y rendidos ante el Estado meramente ficticios, determinándose que Carla Graf nunca realizó asesorías parlamentarias reales para el Sr. Calisto Águila, siendo sus contratos un mero mecanismo instrumental para la obtención irregular de fondos fiscales».
Añadió además que los honorarios pagados por el Congreso Nacional a Carla Graf fueron transferidos, entre otros, al entonces diputado Miguel Ángel Calisto y a Roland Cárcamo Catalán para beneficio personal.
«Se trata de asesorías fantasmas y de una caja pagadora», sostuvo el Fiscal Regional.
Los antecedentes contenidos en la acusación
De acuerdo con la acusación, cuyo contenido fue revelado por Mega Investiga, el principal episodio investigado corresponde al funcionamiento de un supuesto mecanismo que habría operado durante los cuatro años en que Miguel Ángel Calisto ejerció como diputado por el Distrito 27 que coincide con nuestra región de Aysén.
Según el reportaje de Mega Investiga, la Fiscalía sostiene que entre 2018 y 2022 Calisto se habría concertado con Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo para obtener recursos públicos mediante la contratación de esta última como asesora parlamentaria, pese a que —según la tesis del Ministerio Público— nunca ejecutó las labores comprometidas en los contratos suscritos con la Cámara de Diputados.
Siempre de acuerdo con la acusación citada por Mega Investiga, Carla Graf recibió durante ese período honorarios por $105.554.697, monto que, según la Fiscalía, fue pagado por servicios que nunca se prestaron.
El escrito sostiene que la asesora «no desarrolló, escribió ni entregó al parlamentario ningún estudio», ni ejecutó las funciones descritas en sus contratos, circunstancia que —según la acusación— era conocida por el entonces diputado.
El origen del supuesto mecanismo
La acusación sitúa el origen de los hechos en la campaña parlamentaria de 2017, cuando Roland Cárcamo se desempeñó como jefe de campaña de Miguel Ángel Calisto mientras trabajaba simultáneamente como funcionario del Servicio de Salud de Aysén, situación que impedía que pudiera recibir remuneraciones por labores políticas.
De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, ello habría motivado un acuerdo entre Calisto, Cárcamo y Carla Graf para utilizar la contratación de esta última como asesora parlamentaria con el fin de obtener recursos fiscales que posteriormente serían distribuidos entre distintos beneficiarios.
La acusación agrega que fue el propio diputado quien efectuó las gestiones administrativas necesarias para concretar la contratación ante la Cámara de Diputados, pese a conocer —según sostiene el Ministerio Público— que las funciones pactadas no serían desarrolladas.
Cuatro años de contratos
El reportaje de Mega Investiga detalla que la acusación reconstruye cronológicamente todos los contratos celebrados entre Carla Graf y la Cámara de Diputados entre 2018 y 2022.
Durante ese período los contratos fueron modificados en diversas oportunidades, variando principalmente los honorarios y la descripción formal de las funciones, las que incluyeron coordinación parlamentaria, elaboración de estudios, optimización de procesos administrativos, trabajo con organizaciones sociales, asesorías comunicacionales y levantamiento de problemáticas ciudadanas.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que ninguna de esas labores fue ejecutada y que todos los contratos constituyeron únicamente un mecanismo destinado a obtener recursos públicos de manera fraudulenta.
El destino que habrían tenido los recursos
Uno de los antecedentes más relevantes contenidos en la acusación, y difundidos por Mega Investiga, corresponde al destino que, según la Fiscalía, tuvieron parte de los más de 105 millones de pesos pagados por la Cámara de Diputados a Carla Graf Toledo.
De acuerdo con el escrito de acusación citado por ese medio, el Ministerio Público sostiene que parte de esos recursos habría sido utilizada en beneficio personal de la propia imputada, de Roland Cárcamo Catalán, del entonces diputado Miguel Ángel Calisto y de terceras personas vinculadas a la Democracia Cristiana.
Siempre según la acusación revelada por Mega Investiga, entre los años 2018 y 2022 Miguel Ángel Calisto habría recibido de Carla Graf al menos $10.559.316 mediante transferencias bancarias, además de $9.700.000 correspondientes al pago de cuotas efectuadas a un tercero para la compra de una parcela. Estos antecedentes forman parte de la tesis que el Ministerio Público buscará acreditar durante el eventual juicio oral.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que Felipe Klein Vidal habría recibido entre 2020 y 2022 un total de $34.164.500, recursos que —según la acusación— provenían de los fondos obtenidos mediante las asesorías parlamentarias investigadas.
Los otros episodios incluidos en la acusación
La acusación presentada por la Fiscalía no se limita a los contratos parlamentarios.
El segundo episodio corresponde a tres proyectos financiados con recursos del 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y ejecutados, según el Ministerio Público, utilizando a la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS) de Aysén como institución beneficiaria.
Según la acusación, los proyectos «Formando monitoras por la igualdad de género», «Conversatorios no más violencia» y «Ambientes laborales más seguros», por un monto conjunto de $25.998.000, nunca habrían sido ejecutados. La Fiscalía sostiene que para justificar la utilización de los recursos se presentaron boletas de honorarios, informes, listas de asistencia y rendiciones que no corresponderían a actividades efectivamente realizadas.
El Ministerio Público también sostiene que Roland Cárcamo Catalán retiró prácticamente la totalidad de esos recursos el mismo día en que fueron transferidos por el Gobierno Regional de Aysén.
El tercer episodio incorporado en la acusación corresponde al proyecto «Internet para personas mayores: oportunidad para estar conectados», adjudicado durante 2024 a la Fundación Proyecto Futuro con financiamiento del 8% FNDR por $7 millones.
De acuerdo con la acusación, dicho proyecto tampoco habría sido ejecutado. La Fiscalía sostiene que para rendir los recursos se utilizaron boletas emitidas mediante claves tributarias obtenidas mediante engaño y se informaron actividades que nunca se realizaron, ocasionando un perjuicio fiscal estimado en $6.700.000, luego de la restitución parcial de $300.000 efectuada durante la investigación.
Fiscalía solicita penas de crimen
En su comunicado, el Fiscal Regional Hernán Libedinsky reiteró que la gravedad de los hechos investigados y el monto de los recursos públicos comprometidos justifican las penas solicitadas para los principales acusados.
El persecutor sostuvo que respecto de Miguel Ángel Calisto, Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo, el Ministerio Público formuló acusaciones por delitos que tienen asignadas penas de crimen, considerando tanto el monto superior a los 100 millones de pesos presuntamente defraudados como el carácter reiterado de los ilícitos.
Según la acusación conocida por Mega Investiga, la Fiscalía solicita específicamente 12 años de presidio para el senador Miguel Ángel Calisto por el delito reiterado de fraude al Fisco, además de las penas accesorias contempladas en la legislación vigente.
La defensa cuestiona el cierre de la investigación
Tras conocerse la acusación, la defensa del senador Miguel Ángel Calisto manifestó su desacuerdo con la actuación del Ministerio Público y anunció que impugnará el cierre de la investigación.
En un comunicado enviado a los medios, el abogado César Ramos sostuvo que la Fiscalía presentó la acusación cuando aún se encontraba vigente el plazo de investigación fijado por el Juzgado de Garantía de Coyhaique hasta el próximo 9 de julio, y cuando la defensa aún no disponía de todos los antecedentes recopilados durante la investigación.
«Este cierre intempestivo provoca un perjuicio directo al derecho a defensa del parlamentario», afirmó el abogado.
Ramos agregó que el plazo de investigación no solo existe para que el Ministerio Público desarrolle diligencias, sino también para que la defensa pueda solicitar actuaciones destinadas a acreditar su versión de los hechos y desvirtuar los antecedentes reunidos por la Fiscalía.
Asimismo, señaló que recién el día previo al cierre fueron informados de nuevos antecedentes respecto de los cuales aún no disponían de copia, circunstancia que —a juicio de la defensa— impidió solicitar nuevas diligencias investigativas.
Respecto del desafuero solicitado por la Fiscalía, el abogado explicó que se trata de un requisito establecido por la Constitución y el Código Procesal Penal para formular una acusación contra un parlamentario en ejercicio, aunque cuestionó la oportunidad procesal en que el Ministerio Público decidió presentar tanto la acusación como la solicitud de desafuero.
Próximas etapas del proceso
Con la presentación de la acusación, la causa ingresa ahora a una nueva etapa procesal.
Tratándose de un senador en ejercicio, el avance hacia un eventual juicio oral dependerá previamente de la resolución que adopten los tribunales respecto de la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público.
En caso de que dicha solicitud sea acogida por la justicia, corresponderá posteriormente la realización de la audiencia de preparación de juicio oral, instancia en la que las partes discutirán la prueba que será presentada durante el juicio.
Mientras tanto, la defensa del senador Miguel Ángel Calisto anunció que continuará ejerciendo las acciones procesales que estime pertinentes para cuestionar tanto el cierre de la investigación como la presentación de la acusación, sosteniendo que aún existen diligencias pendientes que, a su juicio, debieron realizarse antes de dar por concluida esta etapa del proceso.
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