En el debate contemporáneo sobre la administración del Estado suele incurrirse en un reduccionismo metodológico: evaluar la gestión pública únicamente bajo la lupa de la ejecución presupuestaria como una cifra fría, o asumir erróneamente que la inversión del Gobierno Regional se realiza a ciegas, sin medir su impacto real ni responder a un propósito claro. Esta mirada parcial, como ha meditado un columnista de www.radio45sur.cl, ignora la rigurosidad con la que se construye y ejecuta la inversión pública en Chile y, particularmente, en la región de Aysén. Interesante reflexión, aunque creo que la oposición entre “gastar mucho” y “gastar bien” simplifica un problema bastante más complejo.
Max Weber (1864 – 1920) ya advertía sobre la tensión entre la racionalidad orientada a fines y la racionalidad sustantiva: lo que resulta racional desde un determinado punto de vista puede resultar irracional desde otro. La burocracia moderna encuentra precisamente su fortaleza en el cálculo, la especialización y la eficiencia; el problema aparece cuando esa racionalidad formal pierde de vista los fines sustantivos que justifican la acción pública.
Robert King Merton (1910–2003 lleva esa advertencia un paso más allá y describe el “desplazamiento de metas”: “un valor instrumental se convierte en un valor final”. Es decir, las reglas y procedimientos, originalmente concebidos como medios, pueden terminar transformándose en fines en sí mismos.
Desde esa perspectiva, convertir el porcentaje de ejecución presupuestaria en sinónimo de éxito sería efectivamente problemático. Pero también lo sería concluir que, ejecutar no garantiza impacto, entonces la capacidad de ejecución perdería relevancia. Eso simplemente reemplazaría una reducción por otra.
Una mayor y eficiente ejecución presupuestaria no es un fin abstracto, representa la inversión, uno de los cuatro motores tradicionales de la economía (medida a través del Producto Interno Bruto o PIB), que dinamiza integralmente el territorio. Cuando los recursos públicos se ejecutan en tiempo y forma, su impacto traspasa los indicadores necesarios y fríos, se traduce en dinamización del empleo local, reactivación del comercio e impulso decidido a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) mediante encadenamientos productivos reales. Al canalizar la inversión hacia obras públicas e iniciativas estratégicas, la región fortalece su infraestructura crítica, reduce los costos logísticos y eleva la productividad y competitividad de sus sectores productivos tradicionales y emergentes. Así, la aceleración del gasto regional se transforma en una palanca de desarrollo sostenible y progreso, mejorando de manera tangible y directa la calidad de vida de las familias de Aysén.
Desde la perspectiva del Derecho Administrativo y la Ciencia Política, la asignación de recursos públicos no responde al mero afán de «gastar por gastar». Encuentra su fundamento normativo y axiológico en el principio de eficacia, consagrado en el artículo 14° de la Ley N° 18.575 (LOCGAR), y en los principios de eficiencia e integralidad que rigen el Sistema Nacional de Inversiones (SNI). Reducir el gasto a un indicador numérico aislado desvirtúa la naturaleza de la inversión regional. Un porcentaje de ejecución presupuestaria cobra verdadero valor sustantivo cuando los fondos se destinan a iniciativas debidamente evaluadas, fundamentadas y priorizadas, orientadas a cerrar brechas históricas y no a la sola urgencia de devengar presupuesto en ítems de rápido gasto, pero de bajo impacto.
El presupuesto de un Gobierno Regional no se mide por la compra coyuntural de activos o el gasto corriente. Su verdadero estándar de excelencia radica en la priorización de obras de infraestructura y conectividad (Subtítulo 31), por sobre la mera adquisición de activos no financieros (Subtítulo 29), como ha ocurrido en administraciones anteriores. Esta orientación hacia la inversión dura, intensiva en capital social y territorial, requiere un esfuerzo técnico riguroso: cada proyecto financiado por el GORE Aysén debe superar exhaustivamente las Normas, Instrucciones y Procedimientos (NIPS) del Sistema Nacional de Inversiones, acreditando una incuestionable rentabilidad social y económica mediante metodologías técnico-financieras formalmente validadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No son números vacíos; son proyectos que han demostrado técnicamente que transformarán la vida de las personas antes de recibir un solo peso.
Bajo la conducción del Gobernador Marcelo Santana Vargas, junto a un equipo técnico comprometido, el Gobierno Regional ha emprendido un proceso sistemático para ordenar la casa, trabajando de manera transversal con el Consejo Regional (CORE), los diversos sectores políticos y los actores de la inversión regional, entre ellos los 10 municipios de la región. Los buenos resultados presupuestarios no son producto de la improvisación ni del azar; son el resultado directo de una gestión aplicada y una gobernanza que transforma la planificación estratégica en obras concretas.
Esta gestión regional opera con un rumbo claro. Responde a una planificación territorial de largo plazo, cuyo eje estructurante es la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) vigente al 2030, complementada por diversos Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) complementados por planes plurianuales tales como: los Planes Marco de Desarrollo Territorial (PMDT), el Plan de Desarrollo de la Provincia Los Glaciares y el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PDZE). Aysén tiene un norte, un foco y un objetivo claro de desarrollo consensuado con sus comunidades.
Muestra inequívoca de esta priorización estratégica es la articulación con el Ministerio de Obras Públicas y los diversos sectores para avanzar en desafíos estructurales como la conectividad de la Carretera Austral. Sólo de manera ilustrativa, podemos señalar algunas iniciativas priorizadas para los años 2026 y 2027 que serán financiadas con fondos regionales; lo que demuestra que la planificación regional se traduce en iniciativas concretas de alto impacto:
- Conectividad e infraestructura vial: Repavimentación de la Ruta 7 Sur (tramo Recta Foitzik – Puente La Chilenita) por más de $6.000 millones; pavimentación desde Puente Osses (sector El Claro) hasta Las Antenas por más de $3.000 millones; y la conservación de la ruta desde Pasarela Exploradores hasta Muelle Grosse por más de $2.000 millones; Construcción de los Terminales de buses de Puerto Aysén y Puerto Tranquilo, por más de 16 mil millones de pesos.
- Infraestructura social, sanitaria y de seguridad: Conservación de la Escuela de Balmaceda por más de $2.000 millones; conservación de tres consultorios en Coyhaique y Puerto Aysén por más de $4.500 millones; la adquisición de ambulancias por más de 800 millones de pesos; la construcción de alcantarillado y planta de tratamiento Villa Frei por más de 2 mil millones de pesos; y la reposición del Cuartel de la 1ª Compañía de Bomberos de Coyhaique por más de $5.000 millones.
- Integración digital: Extensión de fibra óptica «Última Milla» hacia el norte de la región por más de $6.000 millones, y la construcción de la red de fibra óptica desde Tortel hasta Villa O’Higgins por más de $1.300 millones, garantizando inclusión digital en las zonas más aisladas.
- Desarrollo universitario, deportivo y productivo: Construcción del edificio corporativo de la Universidad de Aysén por más de $35.000 millones; Polideportivo IND por más de $16.000 millones; y la construcción del Estadio de La Junta por más de $2.500 millones, junto con un robusto paquete de programas de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas locales.
Cuestionar la inversión pública bajo el supuesto de que es una «cifra fría» o un simple ejercicio métrico equivale a desconocer el riguroso proceso de rentabilidad social y planificación que hay detrás de cada proyecto. En la gestión del Gobernador Marcelo Santana existe la claridad de que no se trata de gastar por gastar, sino de ejecutar con sentido de urgencia e impacto real a mediano y largo plazo. La inversión pública en Aysén hoy no es un indicador cuantitativo abstracto: es el motor de la economía regional que transforma la planificación en desarrollo tangible para cada habitante de nuestra Patagonia.








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