El Gobierno Regional de Aysén inició la fase de implementación del plan «Aysén Campo Vivo», una cartera pública de 25.000 millones de pesos destinada a revertir el retroceso productivo y el despoblamiento de las zonas rurales en las diez comunas de la región. El programa, diseñado durante el último año a través de reuniones de trabajo entre servicios estatales, municipios y asociaciones de productores, comenzó su ejecución con recursos dirigidos a la agricultura familiar campesina y proyecta extender sus líneas de financiamiento hasta 2029. La información fue entregada por Ramón Henríquez, profesional de la División de Fomento e Industria (DIFOI) del Gobierno Regional, en el espacio Conversaciones con el Gobierno Regional de Aysén y su Consejo, emitido por Radio 45 Sur.
Un diagnóstico marcado por la reducción productiva
La necesidad de esta intervención responde a datos concretos recogidos en el territorio. Entre 2017 y 2021, la masa ovina de la región cayó de 300.000 a 180.000 animales, mientras que el ganado bovino disminuyó de 200.000 a 140.000 cabezas. Esta baja sostenida se produjo de forma paralela al envejecimiento de la población rural y a la reducción de los presupuestos sectoriales destinados a la zona en los últimos años.
A diferencia del modelo previo de asignación de fondos, basado en iniciativas elaboradas desde oficinas centrales sin consulta previa, el plan se estructuró a partir de requerimientos levantados en terreno con comités productivos, la Mesa de Jóvenes Rurales, federaciones campesinas y alcaldías, desde La Junta hasta Cochrane e islas del litoral como Melinka. La cartera final contempla 14 iniciativas: 12 programas de fomento y dos estudios aplicados.
Primeras medidas en ejecución
El despliegue comenzó con un programa ejecutado a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) por 6.400 millones de pesos. Este instrumento entrega asistencia técnica y cofinanciamiento directo para inversiones prediales —como galpones, corrales, invernaderos y sistemas de cercado—, de los cuales 500 millones de pesos están destinados al Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI). De ese monto, 100 millones de pesos se reservaron de manera exclusiva para proyectos presentados por jóvenes rurales.
Asimismo, durante octubre entrará en vigencia un programa junto al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que dará continuidad al seguimiento sanitario de los animales y sumará la instalación obligatoria de microchips electrónicos en caballos y yeguas de pequeños propietarios, con el fin de formalizar la propiedad y el control sanitario de la masa equina.
Infraestructura, tecnología y oficios tradicionales
El plan organiza sus líneas de trabajo en torno a objetivos estructurales. El primero apunta a sustituir la entrega de subsidios asistenciales transitorios por la creación de capacidad instalada permanente en los predios, lo que incluye la habilitación de salas de faena y de procesamiento con resoluciones sanitarias vigentes, además de la adquisición de maquinaria comunitaria. En forma complementaria, se definió como prioridad el relevo generacional en el campo, para lo cual se financiarán pasantías internacionales destinadas a que entre 40 y 50 jóvenes agricultores conozcan sistemas productivos en el extranjero y repliquen esos métodos técnicos en la región.
En el ámbito del manejo de recursos naturales y la innovación, la propuesta considera modernizar el Programa de Recuperación de Suelos mediante fertilización aérea con drones, resguardando la localización de los apiarios locales catastrados por el SAG. A su vez, se destinarán cerca de 3.000 millones de pesos a obras de acumulación y conducción de agua, como tranques, sistemas de riego y abrevaderos, con el objetivo de mitigar el déficit hídrico de los meses de verano. En esta misma línea técnica, se coordinarán acciones con la Secretaría Regional Ministerial de Energía para incorporar generación solar e hidroeléctrica a pequeña escala en las faenas agrícolas y ganaderas.
El resguardo de la identidad productiva local se canalizará mediante un trabajo conjunto con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, orientado a apoyar a tejueleros, sogueros, hilanderas y artesanos de la madera con capacitación, herramientas y espacios de venta formal en ferias regionales y nacionales. Por último, la cartera contempla programas abiertos a pequeños campesinos que no cumplen con los requisitos para ser usuarios de INDAP y financiará un estudio con el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) para medir la capacidad de captura de carbono en las turberas de Aysén, con el fin de evaluar alternativas de conservación e ingresos frente a la extracción del musgo pompón.
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