El Juzgado de Garantía de Cochrane resolvió este jueves 8 de octubre mantener suspendido el traslado de 16 personas privadas de libertad desde el Centro de Detención Preventiva local hacia la cárcel de Chile Chico. La magistrada Javiera Alarcón Zurita frenó la resolución de Gendarmería —sustentada en fallas estructurales del recinto— tras atender las advertencias del INDH y las defensas sobre el grave quiebre en los vínculos familiares que generaría enviar a los internos a otra provincia en el extremo sur de Aysén.
El dictamen aborda la cruda realidad del aislamiento en la Patagonia. Ambos penales distan 178 kilómetros por caminos de ripio, un trayecto de cuatro horas cuyo costo y baja frecuencia de transporte tornan casi imposible las visitas de parientes vulnerables. Para ponderar este impacto, la jueza ordenó a la Municipalidad de Cochrane levantar informes sociales sobre las redes de apoyo de los reclusos —12 condenados y cuatro imputados— y ofició a la Seremi de Transportes para verificar la conectividad real entre ambas comunas.
El tribunal también requirió antecedentes al Gobierno Regional sobre eventuales fondos para reparar el añoso penal de Cochrane y solicitó al juzgado de Chile Chico un reporte sobre la habitabilidad de su cárcel. Mientras se remiten los antecedentes en un plazo de siete días, Gendarmería deberá conservar la seguridad y el funcionamiento del recinto de Cochrane, garantizando los derechos de los internos en su territorio histórico.








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