Juzgado de Puerto Aysén acoge demanda de tutela laboral contra el Servicio de Salud por vulneración de derechos fundamentales

El Juzgado de Letras de Puerto Aysén acogió la demanda de tutela por vulneración de derechos fundamentales presentada por la funcionaria Cristina Elizabeth Ovando Ovando contra el Servicio de Salud Aysén, tras constatarse afectaciones a su integridad física, psíquica y a la igualdad ante la ley. La magistrada Mónica Coloma Pulgar determinó que la trabajadora fue objeto de cambios unilaterales en sus condiciones laborales, pérdida de grado y asignación de funciones no acordes a su perfil profesional, lo que derivó en un trastorno adaptativo de origen laboral, diagnosticado como enfermedad profesional por la ACHS.

La sentencia establece que el empleador incurrió en actos arbitrarios al modificar sin previo aviso las condiciones de contratación, omitir la asignación de funciones por más de un mes y derivar a la funcionaria a tareas administrativas ajenas a su especialidad. Además, se acreditó que la movilidad laboral impuesta implicó una rebaja de grado sin consulta ni justificación, vulnerando el deber de protección consagrado en el artículo 184 del Código del Trabajo.

El fallo ordena al Servicio de Salud Aysén pagar una indemnización de $30 millones por daño moral, restituir el grado profesional 11 a la funcionaria, y emitir disculpas públicas en sus dependencias. También se instruye el cese inmediato de cualquier conducta antijurídica persistente y se remite copia de la sentencia a la Dirección del Trabajo. La resolución exime al empleador del pago de costas y descarta la publicación en diario regional, considerando suficientes las medidas de reparación establecidas.