Chile busca frenar la crisis de dotación policial: el plan para reforzar a Carabineros en las zonas más aisladas

Chile enfrenta un desafío crítico de seguridad: entre 2020 y 2025, Carabineros perdió a más de 5.800 efectivos. Ante este escenario, el gobierno de José Antonio Kast ha presentado un ambicioso plan de fortalecimiento institucional que busca no solo aumentar el número de agentes, sino transformar las condiciones de vida de quienes patrullan los rincones más complejos del país, como la Región de Aysén.

En la Patagonia chilena, la seguridad no es solo una cuestión de delincuencia urbana, sino de soberanía y conectividad. El Seremi de Seguridad Pública regional, Jean Paul Zimmermann, explicó que la extensa frontera con Argentina y la baja densidad poblacional de Aysén requieren un despliegue que las cifras actuales no logran cubrir. «Nuestra geografía impone distancias considerables entre localidades. Este plan se alinea con esos desafíos territoriales», señaló la autoridad.

El proyecto, que ahora deberá ser discutido en el Congreso, propone un giro drástico en los incentivos. Para atraer a nuevos jóvenes, el estipendio para alumnos de la institución se triplicará, pasando de poco más de 70.000 a 246.000 pesos líquidos. Además, se creará una «Gratificación Especial de Riesgo», que podría llegar a duplicar el sueldo de los funcionarios según la peligrosidad de la zona donde presten servicio, un punto clave para las zonas extremas y rurales.

La estrategia también contempla un alivio administrativo: la contratación de personal civil para tareas de oficina, lo que permitiría que más de mil uniformados abandonen los escritorios para volver a las calles y barrios. Con una inversión proyectada de más de 100.000 millones de pesos anuales, el plan busca saldar lo que el Ejecutivo describe como una «deuda de reconocimiento» con la policía.

Para los habitantes de Aysén, el éxito de esta ley podría significar la diferencia entre contar o no con una patrulla en los pasos fronterizos más remotos de la cordillera. El Ministro de Seguridad, Martín Arrau, fue claro al definir la iniciativa no solo como una reforma técnica, sino como «un acto de justicia» para una institución que, según las proyecciones, podría perder otros 1.400 efectivos hacia 2027 si no se toman medidas urgentes