En las oficinas del Ministerio de Obras Públicas en Coyhaique, el eco de una promesa histórica ha comenzado a transformarse en una hoja de ruta concreta. El Gobierno ha instalado formalmente la Mesa Técnica Regional «Ruta Austral: Soberanía que Conecta», una instancia de coordinación intersectorial diseñada para supervisar la ejecución de 800 mil millones de pesos en la mítica Ruta 7. Se trata de la inversión más significativa en la red vial del sur de Chile en los últimos 50 años, un esfuerzo que busca saldar la deuda de conectividad con los habitantes de la Patagonia.
Liderada por la Delegada Presidencial Luz María Vicuña, esta mesa no solo reúne a ingenieros, sino también a actores del turismo, la salud y la ciencia. El objetivo es ambicioso: intervenir 244 kilómetros desde el límite regional hasta el Lago Juncal a través de 23 proyectos integrados. «Buscamos convertir esta inversión en un círculo virtuoso que multiplique las oportunidades, pero también mitigar las dificultades que las obras causarán en el día a día de nuestra gente», explicó Vicuña, reconociendo el impacto que los trabajos tendrán en el ritmo cotidiano de la región.
El despliegue territorial es profundo. Desde la pavimentación en Villa Ortega y el Fiordo Queulat, hasta la construcción de los puentes Rosselot y Palena, el plan contempla además una mirada lacustre vital para las zonas más aisladas. Según detalló el Seremi de Obras Públicas, Luis Prieto Epuyao, la estrategia incluye nuevas barcazas para los lagos General Carrera y O’Higgins, además de mejoras portuarias en Puerto Yungay, puntos neurálgicos para la soberanía efectiva del territorio.
Para el sector turístico, motor de la economía local, la noticia es recibida con una mezcla de esperanza y cautela. Claudio Montecinos, director regional de Sernatur, enfatizó que la Carretera Austral es el «producto estrella» de Aysén, por lo que la coordinación será clave para que el flujo de visitantes no choque con las faenas. En definitiva, no se trata solo de verter cemento sobre la huella patagona, sino de tejer una red que permita a las familias de Río Ibáñez u O’Higgins sentirse, por fin, integradas al resto del país








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