Fiscalía pide 12 años de presidio para ex alcalde de Melinka y otros imputados por malversación de caudales públicos y fraude al fisco

En el marco de la investigación por malversación de caudales públicos y fraude al fisco en el municipio de Guaitecas, que dirigió el Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma junto a un equipo especial de la PDI, el Ministerio Público solicitó para los acusados Cristian Alvarado Oyarzo, Raúl Mansilla Barría, Rosario Saldivia Calixto, y Luis Melián Oyarzo, una pena única de 12 años de presidio mayor en su grado medio y en el caso de Cristian Tauda Krema, la pena de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de fraude al fisco.

El juicio oral por este caso, se inició esta semana, a dos años de la presentación de la acusación por parte de la Fiscalía en contra de los imputados. En el juicio participa el fiscal jefe de SACFI, Luis González y las audiencias de este caso, se coordinan desde Coyhaique, a través de Zoom, con declaraciones también efectuadas desde Melinka.

En las gestiones apoya la Unidad de Víctimas y Testigos y la Unidad de Gestión e Informática, ambas de la Fiscalía Regional de Aysén.

PRUEBAS Y TESTIGOS

En el juicio, la Fiscalía está en condiciones de exhibir prueba documental que incluye numerosas facturas, decretos de pago, facturas electrónicas, notas de crédito, entre otros, sumado a la posible presentación de 51 testigos, 3 peritos y 7 peritajes especializados, entre otros medios de prueba.

Todo lo anterior, fue recolectado a lo largo de una investigación que lideró el Fiscal Regional, Carlos Palma, junto a un equipo entre los que se incluye al fiscal Luis González y al abogado asesor Miguel Riquelme, sumado a policías y peritos de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) y Lacrim de la Policía de Investigaciones.

Los imputados de la Fiscalía en este caso son el ex alcalde de Melinka, Cristian Alejandro Alvarado Oyarzo, sumado a Raúl Octavio Mansilla Barria, Rosario de Lourdes Saldivia Calixto, Luis Marcelo Melián Oyarzo y Cristian Tauda Krema, por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco, por un total de $341 millones de pesos aproximadamente.

Esta investigación penal de la Fiscalía se originó luego de un informe de la Contraloría General de la República, el cual fue entregado al Ministerio Público y en el cual se detallaban una serie de irregularidades al interior del municipio.

HECHOS INVESTIGADOS

De acuerdo a los hechos expuestos por el fiscal González en el alegato de apertura del Juicio Oral en Lo Penal, el imputado Raúl Mansilla Barría se desempeñaba como Jefe de Finanzas de la Municipalidad de Las Guaitecas y Cristian Alvarado como alcalde.

En dichas circunstancias, aprovecharon estas funciones públicas y el hecho de tener a su cargo dineros fiscales, para sustraer dineros de las cuentas corrientes bancarias del municipio y de la planta eléctrica, transfiriéndolos electrónicamente hacia sus propias cuentas o hacia terceros.

Para ello, de acuerdo a la acusación de la Fiscalía, los imputados realizaron operaciones fraudulentas, transfiriendo fondos públicos sin respaldos o con facturas y decretos de pago ideológicamente falsos, las que aparentaban la adquisición de bienes o el pago de servicios.

Dichas acciones fraudulentas se realizaron con el acuerdo y participación de Rosario Saldivia Calixto, cónyuge de Raúl Mansilla y -en ese entonces- Bibliotecaria de la  Municipalidad de las Guaitecas, y Luis Melián Oyarzo, que ejecutaba labores como contador externo de la planta eléctrica de Melinka, quienes facilitaron sus cuentas corrientes bancarias para la recepción y desvío de los dineros fiscales y, además, en el caso de Luis Melián Oyarzo, entregaron facturas de otras entidades comerciales, logrando de esta forma sustraer dineros públicos.

En estas maniobras también participó directamente Cristian Tauda Krema, quien se desempeñaba como Jefe de la Planta Eléctrica dependiente de la Municipalidad de las Guaitecas, y previamente concertado con Raúl Mansilla y Cristian Alvarado, consintió y autorizó expresamente el pago de combustibles y otros servicios, a sabiendas que dicho combustible nunca se había adquirido, lo que era parte de una planificación elaborada para respaldar el egreso de dineros fiscales desde la cuenta corriente de la Planta Eléctrica de Melinka.