Juzgado de Garantía de Coyhaique decreta el arraigo nacional de magistrada imputada por prevaricación y revelación de secreto

El Juzgado de Garantía de Coyhaique dejó hoy –martes 21 de diciembre– sujeta a la medida cautelar de arraigo nacional a jueza, imputada por el Ministerio Público como autora de los delitos de prevaricación y revelación de secreto. Ilícitos que habría perpetrado durante 2020 y 2021, en la ciudad.

En la audiencia de formalización (causa rol 1.539-2021), el juez Juan Silva Pedreros acogió la medida cautelar de prohibición de salir del país de la imputada, solicitada por el ente persecutor, pero denegó la imposición de la prohibición de acercarse al tribunal o contactarse con funcionarios, debido a que la magistrada se encuentra suspendida de funciones. Además, fijó en 60 días el plazo de investigación.

En la causa, J.J.C.O., cónyuge de la jueza, quedó sujeto a la misma medida cautelar de prohibición de salir del país, por su responsabilidad, en calidad de autor, en el delito consumado de revelación de secreto.

Según el ente persecutor, desde 2018 se tramita en el Juzgado de Garantía de Coyhaique una investigación por el delito de tráfico de drogas. A enero de 2021, dicha indagatoria tenía el carácter de reservada respecto de varias aristas, entre ellas la que involucra a un hijo de J.J.C.O., respecto de quien se solicitó la medida intrusiva de interceptación telefónica.

En dicho contexto, antes del 3 de febrero de 2021, la imputada, en su calidad de jueza titular del Juzgado de Garantía de Coyhaique, relevó a su cónyuge J.J.C.O. la existencia de la causa en que se indagaba a su hijo, la cual estaba bajo reserva. Información que en una fecha no determinada, pero después del 27 de enero y antes del 3 de febrero de 2021, J.J.C.O. traspasó a su hijo, quien al tomar conocimiento que se le investigaba por el delito de tráfico  de drogas y que su teléfono móvil había sido interceptado, se deshizo del aparato celular.

En tanto, según el Ministerio Público, el 12 de julio de 2021, la imputada tomó contacto con un abogado, a quien informó de la existencia de la causa por el delito de tráfico de drogas, cuya tramitación tenía el carácter reservada o secreta, a dicha fecha.