Empresario regional acusado de ofrecer paquetes turísticos inexistentes es condenado por el delito de estafa

En procedimiento abreviado, el Juzgado de Garantía de Coyhaique condenó a Alejandro José González Puchi a 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, en calidad de autor del delito reiterado de estafa. Ilícito perpetrado entre abril de 2019 y marzo de 2020, en la ciudad.

En el fallo (causa rol 1366-2020), el juez Juan Patricio Silva aplicó, además, a González Puchi la accesoria legal de suspensión de cargo y oficio público durante el tiempo de la condena, más el pago de una multa a beneficio fiscal de 12 UTM.

“Reuniendo el sentenciado los requisitos previsto en el artículo 4 de la Ley 18.216 le será sustituida la pena privativa de libertad impuesta por la remisión condicional quedando sujeto a las distintas asistencias y observación de Gendarmería de Chile, por el plazo de 541 días, sin perjuicio de cumplir con las exigencias prevista en el artículo 5 de la citada ley, consistente en la obligación de residir en un lugar determinado, en la sujeción del control administrativo de Gendarmería y el ejercicio de profesión o empleo parte industria comercio (…)”, ordena la resolución.

Según el requerimiento fiscal, desde abril de 2019 y hasta marzo de 2020, González Puchi, “(…) actuando por sí y por terceros y en representación de la empresa Carretera Austral, con domicilio en la comuna de Coyhaique, ofreció paquetes turísticos en la Región de Aysén, para lo cual contactaba a las víctimas a través de diversos medios, tales como: página web, correo electrónico, vía telefónica o presencialmente en las sucursales de la empresa en la Región Metropolitana y, simulando mantener los medios para concretar los servicios, les solicitaba la transferencia de fondos a la cuenta bancaria de la empresa a las víctimas para efectuar las supuestas reservas. Sin embargo, una vez que las víctimas llegaban a destino, se percataban que todo había sido un engaño, dado que los servicios comprometidos eran suspendidos y nunca fueron cumplidos. El monto total defraudado a 51 víctimas rondaría los $60.000.000 (sesenta millones de pesos)”.