Organizaciones socioambientales de Aysén acusan a inmobiliarias de traspasar a los compradores las responsabilidades que impone la ley a mega loteos

«Resulta inadmisible que las empresas del rubro inmobiliario agrupadas en Chile Rural, pretendan traspasar la responsabilidad a los eventuales compradores de los lotes resultantes de sus subdivisiones”.

Con estas palabras, el presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa), Erwin Sandoval Gallardo, concluyó este martes la exposición que la organización dio ante la Comisión de Vivienda del Senado, en el marco de la discusión relacionada con la subdivisión de predios rústicos.   Esto, en el marco de la presentación de la Coordinadora de Organizaciones por la Regulación del Uso del Suelo Rural, en la cual también participó la dirigenta de la Asociación Regional Ambiental de O’Higgins, Patricia Segura Ducó.

Sandoval explicó que más allá de lo señalado por algunos representantes de las inmobiliarias, no existen vacíos en la normativa actual que permitan nuevos núcleos urbanos en el suelo rural al margen de la planificación.  “Hay normativa que siempre ha dicho que esta situación es ilegal y que, de algún modo, se ha mirado para el lado y se ha dejado continuar avanzando al margen de la ley” dijo.

Agregó, asimismo, que “debe haber una real coordinación entre los servicios públicos y organismo que están en el tema y algo se ha avanzado a nivel regional, poniendo en conocimiento de los notarios y conservadores, con mayor comunicación a las municipalidades pero se debe seguir robusteciendo ese principio de coordinación que el Servicio Agrícola y Ganadero ha estado buscando”.

En este sentido, respaldó la visión del Ministerio de Agricultura al respecto y reforzó que organizaciones como Chile Rural AG lo que pretenden es desligarse de su responsabilidad con respecto a la normativa aplicable a los mega loteos, traspasando a los compradores la carga eventual de someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o adquirir terrenos en los cuales los municipios no les permitirán construir sus viviendas.

Por su parte, Patricia Segura recordó que la Coordinadora de Organizaciones por la Regulación del Uso del Suelo Rural reúne a 43 agrupaciones del litoral central hasta la Patagonia.   Tras reunirse y establecer los puntos en común, el 27 de junio emitieron una declaración pública dando la visión de los territorios sobre el problema, enfocado en los problemas ambientales y a las comunidades que genera la subdivisión indiscriminada del suelo rural.

En este sentido, aclaró que “no buscamos criminalizar a quienes optan por una vida fuera de las grandes ciudades, quienes muchas veces al encontrarse en núcleos urbanos irregulares deben afrontar carencia de servicios, dificultades en el manejo de desechos domiciliarios y muchas veces sin factibilidad de agua y problemas de conectividad al no existir caminos”, entre otros aspectos.

Por ello, explicó que “necesitamos con urgencia una política nacional de suelo que sea justa con el medioambiente y las personas, y que contenga el crecimiento inmobiliario descontrolado que está generando un gran perjuicio a las comunidades locales y a los ecosistemas”.