Capuchas con sueldo: por qué las granjas de bots deben ser delito

Cuando en 2011 se discutió prohibir el cigarrillo en bares y restaurantes, el lobby tabacalero y varios parlamentarios pusieron el grito en el cielo hablando de «libertad individual». Más de una década después, nadie en su sano juicio extraña salir a comer o bailar oliendo a cenicero ajeno: entendimos que el humo de segunda mano intoxica el aire de todos y que el Estado tenía el deber elemental de proteger ese espacio común.

Actualmente nuestro espacio público digital está exactamente en ese mismo punto de intoxicación, pero con un veneno peor: la manipulación industrializada del debate democrático.

En Chile, menos del 5% de la población milita en un partido político. El 95% restante vive lejos de las lógicas de trinchera, pero forma su visión del país, su rabia y su voto en la pantalla del teléfono. Si dejamos ese ecosistema a merced de fábricas clandestinas de desinformación —alimentadas por billeteras oscuras o por magnates tecnológicos como Peter Thiel, que desprecian abiertamente la democracia representativa—, el daño a la convivencia cívica es terminal.

La hipocresía política en este debate es grotesca. Los mismos sectores que se apresuraron a legislar contra la calle, los que convirtieron el «el que baila pasa» en delito y clamaron al cielo para perseguir las capuchas físicas en nombre del orden público, hoy son los vinculados a financiamiento y operación de las capuchas digitales.

Para la protesta social exigieron rostros descubiertos y penas de cárcel; para sus ejércitos de cuentas falsas, anonimato comercial y completa impunidad.

No estamos hablando de sospechas paranoicas. Es cosa de ver cómo operan las redes sincronizadas cuando deciden demoler a cualquier liderazgo que no se pliegue a su dogma —le pasó a la propia Evelyn Matthei cuando se salió del libreto—, o la huella que dejó en el Rechazo el consultor Fernando Cerimedo, imputado en Brasil precisamente por montar laboratorios de desinformación electoral y detenido en Bolivia por intento de Feminicidio. Cuando a estos operadores les cae la justicia en el extranjero, el silencio repentino de decenas de «usuarios patriotas» en las redes chilenas se siente como si hubieran desenchufado un generador.

El Congreso no puede seguir haciéndose el desentendido. En los archivos legislativos duerme la Minuta 84-22 de la Biblioteca del Congreso Nacional, que detalla con claridad cómo el derecho comparado ya sanciona el comportamiento inauténtico coordinado.

Cuidar la democracia no significa perseguir al ciudadano de a pie que opina desde el anonimato para protegerse de represalias laborales o políticas. Significa tipificar penalmente la industria: sancionar a quien financia, programa y despliega granjas de perfiles sintéticos para sabotear elecciones o torcer artificialmente la voluntad del país.

El humo digital también es tóxico. Sacarles la capucha a los operadores a sueldo no es censura; es una medida básica de higiene democrática.