El término clotear, es acuñado popularmente en referencia al líder sindical Clotario Blest Riffo —quien fue detenido en catorce ocasiones durante las huelgas que encabezó desde la presidencia de la Central Única de Trabajadores (CUT)—, se usa para describir algo que sale mal o fracasa. Esto define con exactitud la escena laboral que hoy atraviesa Chile.
A seis meses del inicio del nuevo gobierno, tras un discurso público que prometía que “todo va a estar bien” (hay una canción de ello) y una campaña en redes sociales centrada en criticar la gestión anterior, la tasa de desocupación nacional alcanzó el 9,5% en el trimestre mayo-julio de 2026: su nivel más alto en cinco años, con un aumento de 0,8 puntos porcentuales en doce meses. Esto se traduce en cerca de un millón de personas desempleadas y un incremento de 100 mil en la cifra de desocupados.
Para intentar un control de daños mediático, se instaló un titular recurrente: “Aumentan los NINIS” (no estudian, ni trabajan). Un término despectivo y propio de lógicas neoliberales, pues sitúa la carga de no acceder al empleo exclusivamente en las personas, ignorando los determinantes sociales que las rodean.
La realidad detrás del concepto es distinta. Desconoce a quienes deben asumir labores permanentes de cuidado de un padre, un hijo o un enfermo sin redes de apoyo, o a quienes no han tenido acceso a la educación. Dimensiones que parecen importar poco cuando el gobierno, al mismo tiempo, contrata a estudiantes de primer año de universidad con sueldos de 1,9 millones de pesos.
A la par, la informalidad crece y la confianza de Chile en el mercado internacional se debilita. Un fenómeno similar al que vivió Argentina, donde la contracción de la inversión pública tuvo un efecto inmediato en la vida de las personas.
El gobierno de Kast ha recibido críticas por su rápido andar y por su megarreforma de reconstrucción, que cedió recaudación estatal bajo la improbable promesa de reinversión de las nuevas utilidades. Una falacia para cualquiera que sepa que la inversión privada no responde a un fin público en su esencia más pura.
En México, la discusión sobre los “ninis” derivó en que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum cerraran filas en la promoción de programas sociales. Durante el sexenio de López Obrador se invirtieron 463.001 millones de pesos en becas, una cifra que el gobierno de Sheinbaum ha superado con más de un billón de pesos proyectados. Esa inversión en capital humano contrasta con las primeras medidas del gobierno chileno: desmantelar el INJUV —con un recorte superior a los 3.800 millones de pesos y el despido de 66 funcionarios a nivel nacional— e intentar cercenar la franquicia tributaria del SENCE, incluso con voces opositoras desde gremios empresariales que advierten que la capacitación no debiera tratarse como un gasto prescindible.
En Aysén, el escenario es grismente positivo. La región registró una tasa de desocupación de 4,6% en el trimestre abril-junio de 2026 —la más baja del país, aunque con un aumento de 0,7 puntos porcentuales en doce meses—, pero el dato esconde una disminución de la fuerza de trabajo (-6,1%) y de las personas ocupadas (-6,9%). No se trata de un mercado laboral dinámico, sino de una contracción que terminó expulsando a la población de la actividad económica.
Ese distanciamiento con la realidad territorial quedó expuesto en Valdivia, donde el presidente calificó la jornada del 11 de septiembre como “un día bien notable”. Encontró el retruco de la alcaldesa Carla Amtmann quien, con datos en mano —una tasa de desempleo regional del 10,6%, la segunda más alta del país—, pidió para el presupuesto 2027 herramientas y financiamiento para revertir estas cifras en Los Ríos, bajo la consigna “Gobernar es priorizar”.
Mientras se contrata a extranjeros con sueldos que alcanzan los 5,6 millones de pesos, se incorporan recién egresados como expertos y la desesperanza crece en la economía, cabe la pregunta: ¿habremos cloteado?
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