Tras un juicio oral efectuado durante 3 semanas, el Ministerio Público logró probar los delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos por un total de $341 millones de pesos aproximadamente, en contra del ex alcalde de Guaitecas y otros tres imputados.
El veredicto se logró luego de una investigación por hechos dolosos ocurridos en el municipio de Guaitecas, diligencias que estuvieron a cargo del Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma junto a un equipo especial de la PDI.
El acusado Cristian Alvarado Oyarzo, ex alcalde de Guaitecas, fue condenado como autor de malversación caudales públicos, al igual que Rosario Saldivia Calixto, aunque esta última en calidad de cómplice. Por su parte Luis Melián Oyarzo y Cristian Tauda Krema fueron condenados por fraude al fisco.
El quinto acusado, Raúl Mansilla Barría, no estuvo en condiciones de enfrentar el juicio por razones médicas, de acuerdo a un informe efectuado por el Servicio Médico Legal. Sin embargo, dependiendo las circunstancias, la Fiscalía evaluará solicitar la reapertura del sobreseimiento temporal.
PENAS
La audiencia de lectura de sentencia, es decir donde se conocerán los años de la pena, se efectuará el lunes 20 de diciembre a las 15.00 horas.
En este caso, el Ministerio Público solicitó para los acusados Cristian Alvarado Oyarzo, Rosario Saldivia Calixto, y Luis Melián Oyarzo, una pena única de 12 años de presidio mayor en su grado medio y en el caso de Cristian Tauda Krema, la pena de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de fraude al fisco.
En el juicio oral, efectuado de forma remota, litigó el fiscal jefe de SACFI, Luis González. En las gestiones asociadas a las declaraciones de testigos y peritos, apoyó la Unidad de Víctimas y Testigos y la Unidad de Gestión e Informática, ambas de la Fiscalía Regional de Aysén.
PRUEBAS Y TESTIGOS
En el juicio, la Fiscalía exhibió prueba documental con numerosas facturas, decretos de pago, facturas electrónicas, notas de crédito, entre otros, sumado a testigos, peritos y peritajes especializados, entre otros medios de prueba.
Todo lo anterior, fue recolectado a lo largo de una investigación que lideró el Fiscal Regional, Carlos Palma, junto a un equipo entre los que se incluyó al fiscal Luis González y al abogado asesor Miguel Riquelme, sumado a policías y peritos de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) y Lacrim de la Policía de Investigaciones.
Esta investigación penal de la Fiscalía se originó luego de un informe de la Contraloría General de la República, el cual fue entregado al Ministerio Público y en el cual se detallaban una serie de irregularidades al interior del municipio.
HECHOS INVESTIGADOS
De acuerdo a los hechos expuestos por el fiscal González en el juicio oral, el imputado Raúl Mansilla Barría se desempeñaba como Jefe de Finanzas de la Municipalidad de Las Guaitecas y Cristian Alvarado como alcalde.
En dichas circunstancias, aprovecharon estas funciones públicas y el hecho de tener a su cargo dineros fiscales, para sustraer dineros de las cuentas corrientes bancarias del municipio y de la planta eléctrica, transfiriéndolos electrónicamente hacia sus propias cuentas o hacia terceros.
Para ello, de acuerdo a la acusación de la Fiscalía, los imputados realizaron operaciones fraudulentas, transfiriendo fondos públicos sin respaldos o con facturas y decretos de pago ideológicamente falsos, las que aparentaban la adquisición de bienes o el pago de servicios.
Dichas acciones fraudulentas se realizaron con el acuerdo y participación de Rosario Saldivia Calixto, cónyuge de Raúl Mansilla y -en ese entonces- Bibliotecaria de la Municipalidad de las Guaitecas, y Luis Melián Oyarzo, que ejecutaba labores como contador externo de la planta eléctrica de Melinka, quienes facilitaron sus cuentas corrientes bancarias para la recepción y desvío de los dineros fiscales y, además, en el caso de Luis Melián Oyarzo, entregaron facturas de otras entidades comerciales, logrando de esta forma sustraer dineros públicos.
En estas maniobras también participó directamente Cristian Tauda Krema, quien se desempeñaba como Jefe de la Planta Eléctrica dependiente de la Municipalidad de las Guaitecas, y previamente concertado con Raúl Mansilla y Cristian Alvarado, consintió y autorizó expresamente el pago de combustibles y otros servicios, a sabiendas que dicho combustible nunca se había adquirido, lo que era parte de una planificación elaborada para respaldar el egreso de dineros fiscales desde la cuenta corriente de la Planta Eléctrica de Melinka.
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