Indemnizaciones por comprobarse la vulneración de derechos fundamentales, daño moral y otras acciones concluyeron uno de los capítulos más disruptivos de la actual administración que encabeza el alcalde de Aysén, Julio Uribe Alvarado. La información que usted conocerá en exclusiva en Radio45 Sur es parte de una sentencia judicial en la que el Municipio de Aysén fue condenado a pagar $39.260.833 y que causó diversos daños a la integridad de una trabajadora.
Esto reflota tras la misiva enviada al Honorable Concejo Municipal de Aysén por el dirigente y abogado aysenino, Vicente Hernández, quien acusa a la primera autoridad de un posible abandono de deberes y se suma a las preocupaciones expuestas en el último concejo por el edil Alejandro Soto (Ver nota).
La sentencia es del cuatro de marzo de 2024 e involucra a quien fuese la Encargada de la Oficina del Adulto Mayor y la Discapacidad de Aysén, Pamela Antrillao. Entre los hechos que fueron expuestos a la justicia y por los cuales se condenó al municipio se encuentran, el hostigamiento y acoso de quien fuese el hombre de confianza férrea de Uribe, Mauricio Jaque Luengo, ex director de Desarrollo Comunitario (DIDECO).
Sobre las acciones efectuadas se destaca una comunicación inapropiada en tonos de volumen y forma, la reducción drástica de su espacio de trabajo y la acusación sin fundamentos sobre apropiación de fondos sociales de proyectos, hechos que gatillaron diversos problemas para la otrora funcionaria, quien llevaba una amplia experiencia contribuyendo con la tercera edad en la comuna porteña.
Cuando Antrillao intentó activar los canales de denuncias formales, no sólo se encontró con la burocracia del servicio público, sino que el Fiscal a cargo, quién debía supervisar el proceso, fue en primera instancia, Marco Coñuecar, amigo del denunciado y hasta ese momento segundo al mando en la municipalidad (mucho antes de conocerse públicamente que sería precandidato a la alcaldía). Finalmente, el Decreto Alcaldicio n°2587 de fecha 03 de junio de 2022 desestimó los hechos, pese a las dudas generadas al transcurso de este.
En medio del proceso de sumario y con las primeras suspicacias de los concejales en las sesiones de Concejo Municipal comenzó a circular una “carta de apoyo a la gestión”, un instrumento del cual cuyo origen no está del todo dilucidado pero que, según consta en la demanda el alcalde Uribe habría tenido conocimiento. Esto se deja de manifiesto con el siguiente relato:
“Gloria Villegas quien fue funcionaria en Dideco y comenta que Mirna Reyes quien era secretaria de dicho departamento, le habló que circulaba una carta de apoyo al señor Jaque y que debía firmarla pero se negó, a los pocos minutos el alcalde Julio Uribe la cita a su oficina, la reta y le grita por no haberla firmado, ella le pregunta si la va a despedir le dice que por el momento no, pero al tiempo la envían a prestar labores al Hogar San Bernardo para agotarla física y mentalmente, menciona además que le quitaron su escritorio y reemplazaron su computador donde tenía su trabajo de años por uno más viejo”.
La carta no fue lo surrealista de este proceso, sino que, la confabulación efectuada mediante WhatsApp por el propio Mauricio Jaque Luengo con su entorno de confianza en la Dideco. Esta prueba documental fue aportada por una persona quien en la actualidad también ganó una demanda contra la casa edilicia y entregó los antecedentes ante notario público para que Vicente Hernández pudiese usarlos en las instancias pertinentes pues, afectaban a una funcionaria municipal.
Las acusaciones a las que Jaque hace referencia finalmente ocurrieron en redes sociales, perfiles indicaban la presunta apropiación de fondos, relaciones extramaritales y otras situaciones que tuvieron por objetivo vulnerar la honra de Pamela Antrillao. Pero existió una que increíblemente salió por parte de otro hombre de confianza de la administración, el fotógrafo Ignacio Valenzuela, quien en la actualidad desempeña labores en la Unidad de Comunicaciones.
Con base al relato de ambas partes el juez titular del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Puerto Aysén, Rodrigo Grez Fuenzalida, dictó frente a estos hechos, además de las medidas pecuniarias, otras acciones que hasta el momento y tras revisar la página web del municipio no se ha podido comprobar su ejecución:
- Publicar tanto a través del sitio web de la Ilustre Municipalidad de Aysén, como en un aviso visible en las dependencias de Dideco y del Edificio Consistorial la parte resolutiva de esta sentencia, bajo el apercibimiento señalado en el inciso primero del artículo 492 del Código del Trabajo.
- Organizar una jornada de capacitación para Directores, Alcalde y Concejales respecto a derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente en lo relativo a acoso laboral, en un plazo máximo de 3 meses de ejecutoriado el fallo.
Nuestro medio intentó comunicarse con el alcalde de Aysén, Julio Uribe Alvarado, para abordar parte de lo que ha sido públicamente expuesto, sin embargo, tras cuatro segundos de escucha no fue posible obtener sus impresiones. Cabe destacar que en la carta que el abogado Vicente Hernández expuso a la comunidad se indica que el monto final ascendió a 44 millones de pesos, en los que se incluyen las costas del juicio mediante Decreto Alcaldicio Nº1467 del 17 de abril de 2024.
Finalmente, este caso demuestra que el acoso laboral tiene un alto precio, no sólo para la víctima, sino también para la institución que lo permite. La historia de Pamela Antrillao es un llamado de atención para todos los municipios en la región y el país a días de la entrada en vigor de la denominada “Ley Karin”.
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