Constructora exige millonaria indemnización al Municipio de Aysén por término anticipado de contrato

En la última sesión del H. Concejo Municipal de Aysén efectuada durante la mañana del jueves 18 de julio se abordaron diversos puntos relativos al interés vecinal. Sin embargo, uno de los elementos expuestos en la sección de “varios” llamó la atención de la comunidad pues el concejal Alejandro Soto Vargas (UDI) presentó los antecedentes de una causa contra la casa edilicia que busca una indemnización de 848 millones de pesos. Eso debido a faenas efectuadas durante el año 2021 cuando el municipio, a través de la Dirección de Educación Municipal (DEM Aysén) manejaba los establecimientos Almirante Simpson, Litoral Austral y el Jardín Ayelen Ruka.

En este sentido, el concejal Soto indicó en la instancia colegiada que al revisar la información de acceso público que posee el Poder Judicial conoció el hecho. “Recuerdo que en el 2022, o a finales del 2021, (Constructora) San Sebastián ingresó un tema a Contraloría y se ordenaba al municipio pagar cerca de 34 millones. Hoy día esa cifra creo que está multiplicada por diez. Usted puede entrar al sistema y ver la causa C-470-2024 para más detalles”.

Además, el edil efectuó un hincapié en la cantidad de demandas asociadas al rut de la casa edilicia “Vi también demandas laborales, una de una psicóloga por cerca de 8 millones de pesos, por ejemplo. Es preocupante y me pregunto qué acciones se van a tomar y si el equipo jurídico está preparado, considerando todas las demandas que se perdieron anteriormente”.

A renglón seguido, el representante comunal de la Unión Demócrata Independiente argumentó que “Tenemos una carga presupuestaria importante: en el 2023, por demandas perdidas, se destinaron cerca de 490 millones de pesos para las personas del DEM. Este año vienen cerca de 440 millones por la desvinculación de cerca de 17 profesionales que pidieron reintegración e indemnización”.

Respecto a la acción judicial

Nuestro medio accedió al expediente y comprobó la veracidad de la acción judicial interpuesta por la Sociedad Constructora San Sebastián Servicios Integrales S.p.A. contra la Municipalidad de Aysén. La empresa local acusa – según el escrito- al municipio de graves irregularidades en el término anticipado de dos contratos de obras públicas: «Conservación espacios comunes Jardín Ayelén Ruka y mejoramiento infraestructura Escuela Almirante Simpson» y «Conservación Escuela Litoral Austral, Aysén».

En la demanda, la constructora argumenta que la decisión del municipio, plasmada en el Decreto Alcaldicio N°5336 del 15 de diciembre de 2021, se basó en acusaciones infundadas de «incumplimiento grave» por parte de la empresa. Señalan que nunca se les notificó formalmente de las supuestas faltas, vulnerando su derecho a defensa y contradicción.

Entre los puntos clave de la acción se encuentran

Falta de debido proceso: La constructora alega que la Municipalidad de Aysén no siguió el procedimiento adecuado al aplicar multas y al decretar el término anticipado del contrato, sin darles la oportunidad de presentar descargos.

Daño emergente: Se reclama una indemnización por más de $240 millones de pesos por concepto de multas injustificadas, cobro indebido de garantías, facturas impagas y otros gastos adicionales.

Lucro cesante: Se exigen $208 millones de pesos por la pérdida de ganancias al no poder ejecutar nuevos proyectos debido a la situación financiera en la que quedaron tras la decisión del municipio.

Daño moral: La constructora solicita una indemnización de $400 millones de pesos por el daño a su reputación, la pérdida de oportunidades de negocio y el desgaste emocional que les causó la situación.

La demanda se sustenta en dictámenes de la Contraloría General de la República que abordan del actuar municipal en este caso. Se espera que el tribunal determine si la Municipalidad de Aysén actuó de forma irregular al terminar los contratos y si corresponde la indemnización solicitada por la constructora.

La presente nota habla de una acción judicial en curso, por lo que, existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la respectiva investigación. Ante esto no se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra. (Artículo 04 del Código Procesal Penal)