El largo camino para resarcir la denominada “deuda histórica” de los profesores chilenos ha sumado este jueves un avance administrativo clave en la Patagonia. La Municipalidad de Coyhaique ha formalizado la entrega de los expedientes y certificaciones pendientes a la Subsecretaría de Educación, un paso imprescindible para que el Gobierno central proceda al pago de las reparaciones económicas a los docentes de la educación pública municipal.
El alcalde de la comuna, Carlos Gatica Villegas, y el presidente regional del Colegio de Profesores, Luis Ríos Calisto, se reunieron para sellar un traspaso de información que, hasta ahora, funcionaba como un cuello de botella burocrático. Según el gremio docente, la falta de estas certificaciones municipales era uno de los principales obstáculos para que los profesores jubilados de la región de Aysén pudieran acceder a los fondos comprometidos por el Estado.
“Esta entrega es un paso importante para destrabar los procesos administrativos que han impedido el acceso de docentes jubilados a sus derechos”, señaló Ríos Calisto tras el encuentro. El dirigente gremial reconoció la complejidad técnica de recopilar antecedentes que, en muchos casos, se remontan a varias décadas atrás, pero instó al Ministerio de Educación (Mineduc) a actuar con celeridad: “Confiamos en que el Gobierno nacional acelere ahora la resolución de este legítimo reclamo”.
La “deuda histórica” es una cicatriz abierta en el sistema educativo chileno desde los años ochenta. Se originó durante la dictadura de Augusto Pinochet, cuando la gestión de las escuelas públicas fue transferida desde el Estado central a los municipios. En ese proceso, miles de docentes dejaron de percibir una asignación salarial (el Decreto Ley 3.551) que les correspondía por ley, lo que derivó en un perjuicio económico permanente que afectó especialmente a sus pensiones de jubilación.
Tras décadas de movilizaciones y litigios internacionales, el actual Ejecutivo impulsó un proyecto de ley para ofrecer una reparación económica a los afectados, priorizando a los de mayor edad. En la región de Aysén, el proceso ya ha comenzado a materializar sus primeros pagos de forma escalonada.
El alcalde Gatica subrayó que la entrega de esta documentación busca dar respuesta a una comunidad que ha esperado «por años una solución justa». “Hemos trabajado con rigurosidad para reunir cada antecedente. Estamos comprometidos con nuestros profesores y esperamos que el Estado responda ahora con la diligencia que esta causa merece”, afirmó el jefe municipal.
Con los antecedentes ya en manos del Ministerio, el foco se desplaza ahora a Santiago, donde el Gobierno deberá validar la información para dar continuidad a un proceso de reparación que busca cerrar uno de los capítulos más tensos y prolongados del sindicalismo docente en Chile.








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