Tras una extensa jornada de discusión y votación que se prolongó hasta la madrugada de este jueves, el Senado despachó el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, denominado megarreforma, una de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno y que contempla cambios en materias tributarias, económicas, ambientales y regulatorias.
La iniciativa, que consta de 38 artículos permanentes y 25 disposiciones transitorias, fue votada artículo por artículo en la Cámara Alta. Varias de sus disposiciones centrales recibieron un estrecho respaldo de 26 votos a favor y 24 en contra, reflejando las diferencias entre oficialismo y oposición respecto de los efectos económicos, tributarios y ambientales de las modificaciones propuestas. Concluida esta etapa, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados para cumplir su tercer trámite constitucional.
Las principales medidas aprobadas por el Senado
Entre las disposiciones que lograron avanzar se encuentra la reducción gradual del Impuesto de Primera Categoría que pagan las grandes empresas, la implementación de un sistema de invariabilidad tributaria para determinadas inversiones y la exención del pago de contribuciones para mayores de 65 años que cumplan los requisitos establecidos.
La Cámara Alta también aprobó modificaciones relacionadas con la Ley de Tribunales Ambientales, la legislación que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y la Ley de Monumentos Nacionales, además de una disposición transitoria relacionada con el impuesto a las herencias y donaciones.
La discusión estuvo marcada por diferencias entre los parlamentarios respecto del impacto de varias de estas medidas. Mientras el oficialismo defendió el proyecto como una herramienta destinada a estimular la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo, desde la oposición se cuestionaron los efectos fiscales y ambientales de algunas disposiciones y se formularon diversas reservas de constitucionalidad.
Impuesto a grandes empresas bajará gradualmente del 27% al 23%
Uno de los principales cambios aprobados por el Senado corresponde a la reducción del Impuesto de Primera Categoría para las grandes empresas, cuya tasa actualmente se encuentra en un 27%.
La propuesta establece una disminución gradual que comenzaría con una tasa de 25,5% durante 2027, para posteriormente bajar al 24% en 2028 y alcanzar una tasa permanente del 23% a partir del año comercial 2029. La medida fue aprobada por 26 votos a favor y 24 en contra.
Durante el debate, senadores de oposición cuestionaron que una reducción de la carga tributaria de las empresas garantice necesariamente un aumento de la inversión o del crecimiento económico. Desde el oficialismo, en cambio, se defendió la rebaja como un mecanismo para generar mejores condiciones para la inversión privada y favorecer la creación de empleo.
Junto con esta modificación, el Senado respaldó los cambios relacionados con la reintegración gradual del sistema tributario.
Exención de contribuciones para mayores de 65 años abre debate por financiamiento municipal
Otra de las disposiciones que concentró parte importante de la discusión fue la exención del pago de contribuciones para mayores de 65 años que cumplan con las condiciones contempladas en la iniciativa.
El artículo fue aprobado por 28 votos a favor y 22 en contra, luego de una discusión que incluyó el análisis de la admisibilidad de indicaciones presentadas durante la tramitación.
Uno de los principales cuestionamientos se relacionó con los efectos que una disminución en la recaudación por contribuciones podría provocar en el financiamiento de las municipalidades. Durante el debate, la senadora Yasna Provoste formuló una reserva de constitucionalidad respecto de esta materia.
El Ejecutivo propuso mecanismos para compensar los menores ingresos, tanto mediante aportes al Fondo Común Municipal como directamente a los municipios. Sin embargo, durante la votación fue respaldada únicamente la compensación al Fondo Común Municipal.
Este punto mantuvo abiertas las diferencias entre ambos sectores. Mientras el oficialismo defendió la exención como una medida de alivio económico para los mayores de 65 años beneficiados, parlamentarios de oposición advirtieron sobre los eventuales efectos que podría generar una menor recaudación en las finanzas municipales.
Invariabilidad tributaria para grandes inversiones
La conocida como megarreforma también contempla un mecanismo de invariabilidad tributaria destinado a inversiones de gran magnitud, otra de las disposiciones que generó diferencias durante su discusión en el Senado.
La propuesta busca establecer períodos durante los cuales determinadas condiciones tributarias se mantendrán sin modificaciones para las empresas que desarrollen proyectos de inversión que cumplan los montos establecidos por la legislación.
Según lo aprobado y consignado durante la tramitación, el beneficio considera distintos períodos de invariabilidad de acuerdo con la magnitud de las inversiones, llegando hasta los 20 años para los proyectos de mayor tamaño. Además, las empresas que se acojan a este régimen estarán afectas a una tasa corporativa adicional de 1,5%.
La medida busca, según sus impulsores, entregar mayor certeza tributaria y jurídica a los inversionistas que desarrollen proyectos de largo plazo. Sin embargo, desde la oposición se cuestionó que este mecanismo pueda limitar la capacidad futura del Estado para modificar las condiciones tributarias aplicables a grandes empresas.
La disposición fue aprobada por 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención. Durante su discusión, el senador Juan Luis Castro y la senadora Claudia Pascual formularon reservas de constitucionalidad.
Cambios ambientales generan algunas de las mayores controversias
La discusión de la megarreforma también abordó una serie de modificaciones relacionadas con la institucionalidad y legislación ambiental, incluyendo cambios vinculados a los Tribunales Ambientales y al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
Uno de los puntos que generó mayor controversia fue la disposición relacionada con la restitución de gastos a empresas cuyos proyectos hayan sido revocados mediante una Resolución de Calificación Ambiental.
Parlamentarios de oposición cuestionaron esta medida y plantearon dudas respecto de sus fundamentos jurídicos y de los efectos que podría tener sobre el actual sistema de evaluación y protección ambiental.
Pese a las críticas, los artículos vinculados a esta materia fueron aprobados por 26 votos a favor y 24 en contra.
Durante la discusión, el senador Alfonso de Urresti formuló reserva de constitucionalidad, mientras la senadora Claudia Pascual y el senador Diego Ibáñez adoptaron la misma decisión, argumentando posibles efectos sobre los mecanismos de protección ambiental establecidos en la legislación vigente.
Reservas de constitucionalidad anticipan una nueva disputa
La extensa discusión en el Senado no estuvo centrada únicamente en el contenido económico de la iniciativa. Durante la votación de distintos artículos se formularon múltiples reservas de constitucionalidad relacionadas con materias tributarias y ambientales.
Estas reservas constituyen un antecedente relevante para las próximas etapas del proyecto, debido a que parlamentarios de oposición anunciaron que preparan presentaciones ante el Tribunal Constitucional para cuestionar algunas de las disposiciones.
Entre las materias que podrían ser objeto de impugnaciones se encuentran aspectos ambientales y el mecanismo de invariabilidad tributaria, entre otras normas aprobadas durante la tramitación.
De concretarse estas presentaciones, la discusión sobre algunos contenidos de la megarreforma podría continuar ante el Tribunal Constitucional, instancia en donde la oposición tendría ventaja producto de las designaciones realizadas durante el gobierno del Presidente Boric, paralelamente al avance legislativo que deberá experimentar el proyecto en la Cámara de Diputados.
Gobierno valora aprobación del proyecto
Tras finalizar la votación en el Senado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el avance alcanzado por la iniciativa y destacó los objetivos que, según el Ejecutivo, persigue el proyecto.
“Es un día importante para Chile, este proyecto llegó al Congreso hace tres meses con una misión muy clara, darle a nuestro país las herramientas para progresar, crear empleo y reconstruir lo que el fuego destruyó en Bío Bío y Ñuble”, señaló el secretario de Estado.
El proyecto fue impulsado por el Ejecutivo con medidas destinadas inicialmente a apoyar el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, incorporando durante su desarrollo una serie de modificaciones de alcance económico, tributario, regulatorio y ambiental.
Proyecto vuelve a la Cámara y podría terminar en Comisión Mixta
Tras ser despachada por el Senado, la megarreforma regresará ahora a la Cámara de Diputados para cumplir su tercer trámite constitucional.
En esta instancia, los diputados deberán revisar las modificaciones incorporadas por la Cámara Alta y pronunciarse respecto de ellas.
Si la Cámara aprueba los cambios realizados por el Senado, el proyecto quedará en condiciones de completar su tramitación legislativa y avanzar hacia su promulgación. En cambio, si los diputados rechazan una o más de las modificaciones, deberá conformarse una Comisión Mixta integrada por diputados y senadores, cuya misión será buscar acuerdos que permitan resolver las diferencias entre ambas cámaras.
A este escenario se suma el anuncio de parlamentarios de oposición respecto de eventuales requerimientos ante el Tribunal Constitucional, particularmente en materias ambientales y de invariabilidad tributaria.
De esta forma, pese al despacho del proyecto desde el Senado después de una extensa y estrecha votación, la tramitación de la denominada megarreforma todavía mantiene abiertos distintos escenarios antes de que sus disposiciones puedan transformarse definitivamente en ley.
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