Lo que Macías y Santana no ven: ¿un GORE que gaste mucho o que gaste bien?

Hace algunos días, leí en un medio regional, una nota en donde la diputada Andrea Macías criticaba la baja ejecución presupuestaria del Gobierno Regional a la fecha; mismo cuestionamiento que ella también recibió cuando fue Gobernadora hace algunos años. En la otra vereda, a principios de 2025, el Servicio de Salud Aysén se hacía eco de las notas de prensa sobre su buena ejecución presupuestaria el año anterior. Gastar más o menos de un presupuesto no es algo que de por sí diga algo (lo importante es si esa plata se usó en algo útil, ¿no?), entonces la pregunta que emerge es por qué esto es noticia. ¿Por qué las autoridades y directivos le dan importancia a algo que a primera vista no transmite nada?

Considero que una buena interpretación es la que entrega el filósofo C. Thi Nguyen en su libro The Score^[1]. Nguyen argumenta que vivimos en una época obsesionada por los indicadores y las métricas, que estos moldean profundamente nuestros valores y deseos, y, por ende, cómo nos comportamos. En un mundo complejo y a menudo caótico, son los “datos duros” los que nos dan claridad sobre cómo orientar nuestras acciones, el poder coordinarnos a gran escala y una sensación de “tranquilidad” de que entendemos cómo funcionan las cosas. No obstante, esta afición por poner todo en números nos lleva a desarrollar sistemas de creencias hipersimplificados que ocultan la complejidad del mundo; los datos se vuelven los árboles que no nos dejan ver el bosque.

Un ejemplo a nivel individual son los resultados de esta columna. Si mido su calidad según la cantidad de likes y comentarios que reciba, estaría ignorando lo sustancial: qué tan bien fundados están los juicios que aquí emito y qué tan claros están expresados. Un ejemplo de simplificación de la realidad a nivel institucional es… juzgar la gestión de un organismo público por su ejecución presupuestaria. Pero antes de ahondar en ello, hablemos de cómo se expresa este problema la Gestión Pública en Chile de forma más general.

A partir de la vuelta a la democracia en Chile, adoptamos el paradigma de la Nueva Gestión Pública (NGP), reemplazando gradualmente el modelo burocrático weberiano, con el objeto de que el Estado fuera más eficiente en el uso de los recursos, eficaz en el cumplimiento de los objetivos y económico en la adquisición de insumos públicos. Si antes los funcionarios públicos eran evaluados según su apego al cumplimiento de normas y procesos administrativos, en la NGP lo principal eran sus logros en metas y resultados laborales. Una herramienta ejemplar de este cambio fue la creación de los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG).

Los PMG, introducidos en 1998, funcionan como un sistema de incentivos monetarios donde las instituciones públicas comprometen metas anuales; según su nivel de cumplimiento, todos sus funcionarios reciben un incremento salarial (hasta un 7,6% si se supera el 90% de cumplimiento). Cambios más, cambios menos, sus resultados bordean lo escandaloso: de manera sistemática, entre el 95% y el 98% de los servicios públicos evaluados obtienen la máxima bonificación salarial. Como caso concreto, en 2024, 201 de los 204 servicios evaluados obtuvieron el 100% de cumplimiento, y los tres restantes lograron más del 93%. Sospechoso…

Si los servicios públicos chilenos tuvieran ese nivel de eficiencia y efectividad, como ciudadanos veríamos mejoras sustantivas en su atención año a año. No obstante, según el Banco Mundial, en la última década hemos empeorado en todos los indicadores comparados de efectividad del Estado. ¿Qué está pasando? Volviendo a Nguyen, estamos viendo cómo los funcionarios públicos modifican sus valores y acciones en pos de un indicador, sacrificando tiempo y esfuerzos que podrían haber sido dedicados a algo con mayor impacto. Lo problemático es que este tipo de comportamiento ya está entronizado en la gestión pública chilena y se puede extender hacia otros ámbitos como… la ejecución presupuestaria.

En Aysén, retomando el ejemplo con el que comenzó esta columna, el caso del GORE es ilustrativo. Los dos gobernadores que hemos tenido a la fecha han celebrado públicamente cuando su ejecución ha sido buena y han sido críticos con el otro cuando no han estado ocupando el cargo. Sin embargo, la ejecución presupuestaria, sea alta o baja, no es garante de lo más importante: que el gasto de ese dinero haya sido útil. Apostar a que el indicador que defina la gestión del GORE sea su ejecución es caer en la trampa de la que nos alerta Nguyen: al hacerlo nos enfocamos en lo que es fácil de medir en vez de lo que realmente importa para Aysén.

Ello queda claro al considerar otro de los puntos ciegos de la Gestión Pública chilena: la evaluación de impacto de sus políticas públicas. Hace años que la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, la Comisión de Gasto Público de Piñera II, Centros de Pensamiento y las principales universidades del país vienen abogando por la creación de mecanismos independientes de evaluación ex post que midan el impacto a largo plazo de esas políticas en la sociedad. El consenso es que Chile es muy fuerte en evaluaciones ex ante, pero que sabemos poco y nada sobre los efectos que tienen los proyectos en las comunidades. El nivel de acuerdo en esta materia es tal que la Comisión Experta del 2do proceso constituyente (que incluía miembros desde el PC hasta Republicanos) incluyó en su propuesta la instauración de un Consejo de Evaluación de Leyes y Políticas Públicas, organismo autónomo y técnico, a cargo de la evaluación ex post del gasto público. Dicho en simple: en Chile sabemos cómo formular proyectos, pero en general no evaluamos el impacto que tienen.

Cuando tenemos esto en cuenta, se sigue que una mayor ejecución presupuestaria no implica necesariamente una mejora en la calidad de vida de los ayseninos y, si es que lo hiciera, tampoco tenemos mayor certeza porque no medimos esas mejoras. Desde la perspectiva de la maximización de la ejecución presupuestaria, podemos seguir financiando programas ineficaces indefinidamente o financiando proyectos costosos con el fin de abultar un número que permita celebrar una victoria pírrica a final de año^[2].

Siendo honesto, no veo que haya un cambio de perspectiva en el corto plazo respecto a cuáles son los indicadores con los que medimos la gestión de nuestras instituciones. Los incentivos siguen mal ubicados y, como varios expertos ya han destacado, la Modernización del Estado es cada vez más una urgencia. Creo que, para la situación del GORE, si se da el caso de que la ejecución presupuestaria sigue siendo magra, la presión sobre el Gobernador Santana lo hará buscar opciones para gastar fondos públicos de manera rápida y sin mucha resistencia, algo que también vimos en la administración Macías.

Pero también creo en la capacidad reflexiva de los seres humanos y de los ayseninos en consecuencia; la posibilidad de dar un paso atrás, evaluar si un indicador nos está sirviendo, y modificarlo o rechazarlo si está afectando la búsqueda del bien común. En una región cuya identidad, en parte, es ser distinta al resto de Chile, tal vez podamos innovar y marcar la diferencia en cuanto a lo que significa tener un buen gasto público. ¿Por qué no comenzamos a hacernos la pregunta en serio?

^[1] Sus argumentos están expresados en formato de paper académico en The Limits of Data.

^[2] Puedo ver venir tres comentarios al respecto de este punto. (i) Que si no se ejecuta todo el presupuesto la región tendría que devolver plata al nivel central y  estaría sujeta a recortes más adelante , (ii) que es mejor dejar la plata en la región en vez de devolverla, independiente de en qué se gaste y (iii) que es virtualmente imposible evaluar todo el gasto público de forma ex post. Si crees que esos puntos contradicen lo expuesto en la columna, te invito a releerla porque no estás siguiendo mi argumento.