Sobre Lafkenches y Noruegos: ¿por qué cuesta tanto exigir transparencia a las ONG?

Recientemente salió a la luz la noticia de que la ONG Norwegian People’s Aid, una organización sin fines de lucro que cuenta con apoyo monetario del gobierno Noruego, habría aportado alrededor de 500 millones de pesos a la organización chilena Identidad Territorial Lafkenche (ITL), durante un período de tiempo que no está claro^[1].

Esto levantó alertas en el Congreso y en los gremios del Salmón. Los motivos parten con que Noruega es el principal competidor de Chile en la industria salmonera y que se sospecha que la ayuda a ITL podría estar ligada con las solicitudes de comunidades indígenas de Espacios Marino Costeros para Pueblos Originarios (ECMPO), figura legal creada bajo la Ley Lafkenche y que hoy es uno de los principales puntos de conflicto para los salmoneros. Cabe mencionar que hay grupos que especulan, aunque esto no se diga públicamente, que la difusión Virus ISA, momento exacto en donde Noruega le quitó un porcentaje significativo de la participación de mercado a Chile, también habría sido “introducido” por ese país.

La reacción por parte de los parlamentarios (liderados por el senador Calisto) se canalizó en reactivar un proyecto de ley relativo a aumentar la transparencia de las ONGs. Específicamente, la iniciativa pretende introducir cambios en la Ley N° 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana, así como en la Ley N° 20.730, que regula el lobby. El objetivo es imponer a las ONG la obligación de transparentar y reportar detalladamente sus fuentes de financiamiento y sus mecanismos de ingresos. Este proyecto fue aprobado en primer trámite en la Cámara de Diputados en 2023, pero quedó durmiendo en el Senado; el senador Calisto ha comentado públicamente que espera que el gobierno le vuelva a dar urgencia.

A mi juicio, lo que busca este proyecto es sensato. No obstante, si hacemos memoria recordaremos que este proyecto de ley no es muy distinto a las propuestas que hizo la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia (conocida como Comisión Jaraquemada), instancia mandatada por el Presidente de la República cuando estalló el Caso Convenio / Fundaciones en 2023, con el objetivo de entregar regular la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado. En cuanto a sus efectos, a diciembre de 2024 había un 51% de avance, no necesariamente definitivos, pero con críticas respecto a los pocos resultados en el ámbito de la Transparencia de las IPSFL. Cabe preguntarse entonces, ¿por qué nos está resultando tan difícil que estas organizaciones, generalmente orientadas al “bien común”, sean transparentes en sus cuentas?

Mi tesis es que no es nada más que conveniencia política. En particular, la raíz del problema radica en la relación que tienen distintos partidos y movimientos políticos con Centros de Pensamiento (think-thanks). Este tipo de IPSFL, que según la OCDE deberían ser categorizados dentro del género de “representante de intereses” (lobbistas), pero que en Chile no se entienden como tal, tienen como objetivo explícito influir en la toma de decisiones políticas desde una perspectiva técnica, mas no necesariamente independiente.

El problema es que, al no existir mecanismos de transparencia en su financiamiento, salvo que voluntariamente abran sus cuentas, como ciudadanos desconocemos quienes financian a estas organizaciones y, por lo tanto, no tenemos en cuenta qué intereses traen consigo sus principales donantes.

El caso más reconocido^[2] es el del think-thank de derecha Libertad y Desarrollo (LyD) que con más de 35 años de existencia (¡co-etáneos con la vuelta a la democracia!) opera como un brazo intelectual de este sector. Aunque afirman contar con cerca de 800 aportantes, la identidad de estos permanece en el anonimato. Esto permite inferir que dichos donantes podrían influir en la agenda de investigación de LyD, la cual parece estar estrechamente vinculada a los intereses del gran empresariado en Chile debido a la naturaleza de sus publicaciones. Ahora bien, la izquierda hace lo mismo y un ejemplo es Nodo XXI, think thank ligado al Frente Amplio que, si bien de transparencia en su web, no individualiza las transferencias individuales.

A su vez, los centros de pensamiento no solo influyen desde el ámbito intelectual, sino que también funcionan como escuelas de formación política y posteriormente fuentes de capital humano según cada gobierno. Por ejemplo, cuando comenzó el gobierno de Boric, desde Nodo XXI salieron Javiera Toro y Giorgio Boccardo como ministra de Bienes Nacionales y Subsecretario del Trabajo, respectivamente. En el gobierno de Kast, el 50% del equipo de LyD se incorporó en cargos público a nivel directivos

Entonces, mi punto es que la opacidad en el financiamiento de las IPSFL es algo que está intrincado en la política chilena y, en consecuencia, que las propuestas de la Comisión Jaraquemada no avancen en el ámbito de transparencia no es extraño. A la clase política simplemente no le conviene.

Por lo mismo, veo con buenos ojos que la propuesta de Calisto y compañía sea retomada en el Senado. Pero cuéntenme dentro de los escépticos sobre su avance.

En el entretanto, como país podemos seguir haciendo la vista gorda a mecanismos oscuros del financiamiento de la política y dejar que otros países aprovechen vacíos legales para debilitar al nuestro en áreas estratégicas.

^[1] Según pude recabar, el apoyo habría ocurrido entre 2004-2014, aunque otras informaciones indican que la colaboración con ITL habría partido en 2012. En este último caso no queda claro si esa colaboración ya habría terminado.

^[2] Digo reconocido porque la opacidad en su financiamiento es objeto de crítica por miembros del mismo sector como Hugo Herrera.