Opinión: El desempleo no comenzó con Kast

Chile alcanzó un 9,5% de desocupación y nadie debería minimizarlo. Pero atribuir a seis meses de Gobierno un mercado laboral que lleva años mostrando señales de debilidad significa escoger convenientemente dónde comenzar a contar la historia. Kast heredó el problema; ahora deberá demostrar que su receta puede resolverlo.

He leído con atención la columna de don Camilo Fontanilla publicada en este medio, “Cada vez más excluidos: ‘ninis’ no, cloteados sí”. Como Radio 45 Sur me ha permitido anteriormente ocupar este mismo espacio para expresar algunas opiniones, quisiera esta vez utilizarlo para responder —o quizás, más precisamente, para ofrecer otra mirada— sobre algunas de las conclusiones que plantea la columna que aludo.

No discutiré sus cifras, porque varias son tan correctas como preocupantes. Mi diferencia está en la interpretación que hacemos de ellas y, particularmente, en la responsabilidad que podemos atribuir a un Gobierno que lleva apenas seis meses administrando un mercado laboral cuyo deterioro comenzó bastante antes.

El 9,5% de desempleo registrado durante el trimestre mayo-julio es una mala noticia. No necesita relativizaciones ni explicaciones creativas. Cerca de un millón de personas buscando trabajo sin encontrarlo constituyen un problema económico y, principalmente, humano. También es cierto que durante estos primeros meses del Gobierno de José Antonio Kast la situación ha empeorado y que quien gobierna debe responder por aquello que ocurre mientras gobierna. Hasta ahí, probablemente Camilo y yo tengamos pocas diferencias.

Donde discrepamos es en el momento en que una fotografía tomada a seis meses de iniciado este Gobierno comienza a utilizarse como explicación de una película que lleva bastante más tiempo desarrollándose. Kast no recibió un mercado laboral saludable. En 2024 la tasa de desocupación anual fue de 8,5%; en 2025 alcanzó 8,6%, y cuando comenzó 2026 el país seguía moviéndose en niveles superiores al 8%. La informalidad tampoco apareció en marzo: en 2024 alcanzaba al 27,5% de los ocupados. Dicho de otra manera, Chile ya tenía problemas importantes de empleo, participación y formalidad antes de que el actual Presidente cruzara por primera vez la puerta de La Moneda como gobernante.

Por eso me parece curioso que durante años hayamos hablado de problemas estructurales del mercado laboral chileno y que, apenas cambió el signo político del Gobierno, esos mismos problemas parezcan haber adquirido súbitamente seis meses de antigüedad. Esto no significa exculpar a Kast; significa simplemente comenzar a contar la historia desde un punto que permita comprenderla.

Y hay una parte de esa historia que tampoco podemos omitir, el Gobierno anterior impulsó probablemente uno de los ciclos de reformas laborales más importantes de las últimas décadas. Redujo progresivamente la jornada hacia las 40 horas —este año corresponde trabajar 42—, elevó significativamente el salario mínimo, aprobó una reforma previsional que incorporó nuevas cotizaciones de cargo del empleador, promulgó la Ley Karin y avanzó en nuevas normas destinadas a conciliar la vida laboral, personal y familiar.

No tengo dificultades en reconocer que detrás de esas reformas existen propósitos socialmente legítimos. Trabajar menos horas para disponer de mayor tiempo personal y familiar parece deseable; mejorar los salarios también; financiar mejores pensiones es necesario y prevenir el acoso y la violencia laboral resulta difícilmente discutible. Pero la legitimidad de un objetivo no elimina su costo y creo que precisamente ahí faltó una conversación que hoy, frente a las cifras de desempleo, resulta imposible continuar postergando.

Una empresa no decide contratar a una persona dentro de una abstracción jurídica. Lo hace considerando remuneraciones, cotizaciones, horas de trabajo, productividad, costos administrativos, expectativas económicas y capacidad futura para sostener ese puesto. Si reducimos la jornada manteniendo la remuneración, el costo por hora trabajada aumenta cuando la productividad no compensa esa diferencia. Si elevamos el salario mínimo, mejoramos legítimamente el ingreso de quien lo recibe, pero también aumentamos el costo de contratarlo. Si agregamos cotizaciones para financiar mejores pensiones, alguien debe pagarlas. Y si establecemos nuevas obligaciones administrativas para proteger derechos laborales, cumplirlas también requiere tiempo y recursos. Nada de aquello significa que debamos eliminar esos derechos, sino que, significa algo bastante más sencillo: los derechos laborales no existen separados de la economía que debe financiarlos.

A julio de este año, el Índice Nominal de Costos Laborales acumulaba un aumento de 8,7% en doce meses, luego, existe una pregunta que debemos atrevernos a formular: ¿cuánto puede aumentar el costo de contratar formalmente antes de que ese incremento comience a pesar sobre la decisión de crear un nuevo puesto de trabajo? No conozco una respuesta sencilla y desconfío de quien diga tenerla. Lo que no me parece razonable es comportarnos como si la pregunta no existiera.

Porque existe además una paradoja que considero particularmente incómoda. Durante los últimos años hemos construido, muchas veces con buenas razones, mayores protecciones para quienes poseen un empleo formal. Pero hay otro trabajador del cual hablamos bastante menos: aquel que todavía no consigue entrar; un joven buscando su primera pega, una mujer intentando reincorporarse al mercado laboral después de años dedicada al cuidado de su familia, un trabajador con menor calificación o una persona calificada que lleva meses desempleada luego de ser desvinculada por cumplir más de 50 años de edad; ellos no necesitan solamente buenos derechos para cuando consigan un contrato. Primero necesitan que alguien quiera contratarlos.

Una legislación laboral puede proteger extraordinariamente bien a quien está dentro y, simultáneamente, levantar una barrera cada vez más alta para quien intenta entrar; cuando aproximadamente uno de cada cuatro trabajadores permanece en la informalidad, deberíamos preguntarnos también si la distancia entre contratar formalmente y hacerlo fuera del sistema no se ha vuelto demasiado grande.

El Estado puede y debe capacitar, proteger, fiscalizar, subsidiar a quienes enfrentan mayores dificultades y establecer reglas que impidan abusos. Lo que difícilmente puede hacer es reemplazar de manera permanente a la actividad privada como principal generadora de puestos de trabajo, y aquí aparece una palabra mucho menos atractiva políticamente: productividad.

Una economía cuya productividad aumenta puede pagar mejores salarios, reducir jornadas, financiar mejores pensiones y absorber estándares laborales más exigentes con mucha mayor facilidad. En una economía cuya productividad crece poco o nada, como la nuestra, la misma ecuación resulta considerablemente más difícil. Podemos distribuir de distintas maneras aquello que producimos; lo que no podemos hacer indefinidamente es distribuir riqueza que no hemos creado.

Por eso tampoco comparto que recordar esta realidad pueda despacharse simplemente como una “lógica neoliberal”; existen personas fuera del mercado laboral por razones de cuidado, educación, vulnerabilidad o ausencia de redes, y reducir sus circunstancias a falta de voluntad sería injusto. Pero reconocer esos determinantes sociales no obliga a ignorar los determinantes económicos de la contratación. Ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente.

Y llegados a este punto, tampoco quiero entregarle al actual Gobierno una coartada, José Antonio Kast recibió un mercado laboral debilitado y una economía sometida a costos laborales mayores que algunos años atrás. Pero postuló a la Presidencia conociendo esas condiciones. Prometió crecimiento, inversión, empleo, reducción de trabas y recuperación económica. Por tanto, ahora le corresponde demostrar que su receta funciona.

Si las rebajas tributarias no terminan generando inversión, si esa inversión no crea puestos de trabajo, si las modificaciones regulatorias no ayudan a recuperar formalidad y si dentro de algunos años Chile continúa exhibiendo tasas de desempleo cercanas a las actuales, Kast ya no podrá seguir señalando hacia atrás.

El Presidente no creó el problema laboral chileno, pero desde el momento en que recibió la banda presidencial también recibió la responsabilidad de enfrentarlo. La herencia explica dónde comienza un Gobierno; no determina necesariamente dónde termina.

Boric deberá responder históricamente por los resultados de las reformas que impulsó. Kast deberá responder por aquello que haga con ellas, el primero ya entregó La Moneda con un mercado laboral deprimido y enfermo, el segundo acaba de comenzar. Por eso, cuando dentro de tres años volvamos a mirar las cifras de empleo, al Presidente Kast ya no le servirá mostrarnos lo que recibió.

Tendrá que mostrarnos lo que entrega.