Yo gobierno, tú gobiernas, nosotros gobernamos.

El viernes 18 de septiembre, en la Plaza Mirador Río Coyhaique, las unidades del Destacamento Motorizado N°14 Aysén formaron para la tradicional Parada Militar de Fiestas Patrias. Hasta ahí, una escena que vemos cada año y en cada región de nuestro país. Lo que no se repite —o no debería— es quienes caminaron al frente de la tropa pasándole lo que conocemos como revista: no una autoridad, sino tres. El gobernador regional, Marcelo Santana, y la delegada presidencial regional, Luz María Vicuña, avanzaron juntos junto al mando militar, revisando las unidades formadas como si ejercieran, los dos, la misma investidura.

No lo hacen. Y que nadie lo haya notado en el momento, o nadie lo haya querido notar, es, quizás, el síntoma más elocuente de que a ocho años de la reforma que separó ambos cargos, y a cinco de que se proveyera el cargo, seguimos sin entender del todo qué fue lo que realmente los separó.

El intendente que existió hasta 2021 cargaba con una tensión de origen, cuestionable e incómoda. Se suponía que debía representar los intereses y las prioridades de la región ante el poder central, y al mismo tiempo, aplicar en ese mismo territorio las políticas que ese poder central decidía —dos mandatos que rara vez conviven sin roce, porque lo que el Centro necesita ejecutar en regiones y lo que las regiones necesitan para su propio desarrollo pocas veces coinciden. Peor aún: quien debía representar a la región dependía, para conservar el cargo, exclusivamente de la voluntad del mismo Presidente cuyas políticas nacionales tenía que aplicar.

La Ley N°21.074, en 2018, no se limitó a repartir funciones entre algún tipo de estructuras nuevas. Intentó separar esa tensión en dos lógicas distintas, cada una con su propia fuente de legitimidad. Por un lado, el gobernador regional: electo por votación popular, y tiene un objeto legal acotado, señalado de manera clara en la Ley «el desarrollo social, cultural y económico» de la región, dice el artículo 13 de la ley 19.175, sin una palabra más sobre orden público o seguridad. Por otro, el delegado o delegada presidencial regional: designado directamente por el Presidente, responde ante él, y es quien la ley define como su «representante natural e inmediato» en el territorio —encargado de velar porque se respete «la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes» (artículo 2°, letra b), con la facultad expresa de «requerir el auxilio de la fuerza pública» cuando sea necesario (letra c).

No es, entonces, un matiz administrativo. Es la resolución —para muchos de nosotros imperfecta, como toda reforma estructural— de una tensión que el diseño institucional chileno arrastraba desde antes. Las Fuerzas Armadas no dependen, ni jerárquica ni simbólicamente, del Gobernador o gobernadora de turno: dependen del Presidente de la República a través del Ministerio de Defensa. Y en el territorio, quien lo representa a él —no al gobernador regional— es la delegada presidencial.

La propia jornada del viernes lo confirmó, sin que nadie pareciera reparar en la contradicción: fue el comandante del destacamento quien pidió la autorización correspondiente a la delegada Vicuña para realizar el acto, no al gobernador Santana. El canal de mando, minutos antes de la parada, funcionó exactamente como creemos debía. Y sin embargo, al momento de pasar revista, esa distinción se disolvió en una caminata de tres, como si la fotografía pudiera borrar lo que el protocolo real ya había resuelto.

Cuesta no leer esto como algo más que un descuido protocolar, sobre todo cuando hablamos de protocolos del ejército. Da la impresión de que lo que se busca, consciente o no, es demostrar un tipo de poder que en los hechos no le corresponde ejercer al gobernador regional, y que —dado el diseño que Chile eligió en 2018— tampoco es deseable que se ejerza. El mandato de los gobiernos regionales es el desarrollo social, cultural y económico de su territorio. Es eso, y no hay lectura generosa de la ley que permite estirarlo hacia la representación del Estado ante sus propias Fuerzas Armadas. Cuando un gobernador camina al frente de la tropa junto a quien sí tiene esa atribución, no está compartiendo un honor: está tomando prestado, un tipo de autoridad que su cargo; el que la ciudadanía efectivamente votó; no contempla.

Habrá quien diga que todo esto es cosmético, un detalle protocolar sin mayor trascendencia. Esa respuesta es, precisamente, la que conviene desmontar. Hay una responsabilidad propia de las autoridades —parte del proceso mismo de descentralización, no un capítulo aparte de educación cívica— en informar con claridad cuál es el rol que cumple cada cual en esta escena institucional. Sin esa claridad, seguimos pidiéndoles a las instituciones, a las personas, a los cargos, atribuciones que no están en sus competencias, simplemente por desconocer qué representan y cuáles son sus facultades reales. Por eso esto no es cosmético: es la evidencia, a plena luz del día y frente a la tropa formada, de que ocho años después todavía no le hemos explicado bien al país qué cambió en 2018 y qué no —y de que ni las propias autoridades protagonistas parecen tenerlo del todo claro, o no se quiere tener.