La Fiscalía Regional de Aysén presentó acusación contra ocho imputados por delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones, en carácter de reiterado, luego de concluir nuevamente una investigación desarrollada junto a la Policía de Investigaciones. Entre los acusados por fraude al fisco se encuentra el senador Miguel Ángel Calisto Águila. Según el Ministerio Público, el perjuicio ocasionado al Estado supera los $100 millones.
La causa ya había llegado anteriormente a la etapa de acusación, pero el Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenó reabrir la investigación para efectuar diligencias solicitadas por las defensas, entre ellas declaraciones y peritajes. La Fiscalía sostiene que estos antecedentes permitieron corroborar y reforzar su tesis respecto de que las asesorías parlamentarias atribuidas a la coimputada Carla Graf no se habrían realizado. De acuerdo con el Ministerio Público, los testigos interrogados no pudieron precisar cómo, cuándo o de qué forma se habrían prestado esos servicios.
La acusación del fiscal regional Hernán Libedinsky Moscovich sostiene que Miguel Ángel Calisto, Roland Cárcamo y Carla Graf habrían utilizado la contratación de esta última como asesora parlamentaria del entonces diputado Calisto como un mecanismo para obtener recursos fiscales. Según la tesis de la Fiscalía, los contratos fueron celebrados entre la Cámara de Diputados y Graf por instrucciones de Calisto, pese a que esta no cumpliría las obligaciones para las cuales había sido contratada.
Paralelamente, la Fiscalía solicitó ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el desafuero del senador Calisto, procedimiento necesario para avanzar respecto del parlamentario. El Ministerio Público pidió que el tribunal determine si existe mérito suficiente para declarar admisibles los capítulos de la acusación y que se suspenda la fijación de la audiencia de preparación de juicio oral mientras la Corte no resuelva la solicitud de desafuero.
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