En el marco de la conmemoración de los 51 años del golpe de Estado en Chile, las autoridades han destacado los avances del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, implementado en 2023 como una política de Estado permanente. El plan, que busca esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de la dictadura, se centra en tres objetivos clave: la búsqueda de los desaparecidos, el acceso a la información y la reparación y garantía de no repetición.
Actualmente, 1.469 víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico-militar permanecen sin ser encontradas. El Plan Nacional de Búsqueda, impulsado por el presidente Gabriel Boric, busca dar respuesta a las familias que aún esperan justicia.
El seremi de Justicia y Derechos Humanos de Aysén, Samuel Navarro, destacó los avances del plan en su primer año de vigencia, señalando que se han recopilado antecedentes para «establecer mayor información sobre el destino y las circunstancias de desaparición de los detenidos desaparecidos».
«Se han ampliado querellas y deducido nuevas, lo que ha permitido iniciar excavaciones en 47 sitios de interés en todo el país», explicó Navarro. «Además, se han implementado mecanismos de participación para los familiares y la comunidad».
Navarro expresó su «convicción y esperanza» en que el plan, como política de Estado permanente, permitirá «avanzar en memoria, verdad, justicia y garantía de no repetición».
El delegado presidencial regional, Rodrigo Araya, recordó que «aún hay familias que esperan encontrar a las víctimas de desaparición forzada». Araya destacó que con el Plan Nacional de Búsqueda, el Estado asume la responsabilidad de encontrar a los desaparecidos.
«Hacemos un llamado a todas las personas que tengan información a que la entreguen», instó Araya. «Existen fuentes anónimas y distintas instituciones que pueden recibir esos relatos». El delegado enfatizó que «cualquier dato puede ayudar a determinar qué pasó con estas personas».
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