Estimados Parlamentarios Electos: ¿Qué hay de nuevo?

Podría parecer extemporáneo hablar del Congreso ahora. La gran noticia del fin de semana fue la elección presidencial y la novedad de las parlamentarias ya pasó. Sin embargo, este análisis cobra más fuerza hoy que nunca: con el resultado presidencial definido, se disipan las dudas sobre los roles que jugará cada pieza en el tablero. Ya sabemos quién será oficialismo, quién oposición y quién intentará ser bisagra. Pero más allá de estas etiquetas, existe una inercia más profunda.

Tal como un hospital, una universidad o una empresa, el Congreso tiene una cultura organizacional; un conjunto de prácticas, ritos y supuestos compartidos que moldean el comportamiento de sus integrantes. Y dentro de este ecosistema, existen subculturas. En la que fijaré es en los parlamentarios de Zonas Extremas (Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén y Magallanes).

Aunque habrá caras nuevas y un gobierno de signo distinto, hay dinámicas que no cambiarán porque son parte del ADN de representar a las zonas extremas en un país centralista. Históricamente, y sobre todo antes de la elección de Gobernadores Regionales, el parlamentario era la principal voz autorizada ante el gobierno central. En territorios con alta dependencia del rol del Estado, los legisladores concentraban el poder de ser los interlocutores válidos con los ministerios y la presidencia.

Sin embargo, aquí surge una paradoja cruel que los habitantes de estas zonas a menudo pasamos por alto: el poder de un parlamentario es inversamente proporcional a la distancia de su región de origen.

Dicho en simple: mientras más se acercan a Santiago y Valparaíso, menos pesan. Las razones son numéricas y sociales. En el caso de Aysén, por ejemplo, tres diputados en una cámara de 155 son aritméticamente prescindibles (aunque en el Senado el peso es mayor). A esto se suma el capital social: en sus regiones son autoridades reconocidas, pero en los círculos de poder de la capital, a menudo deben abrirse paso como extraños fuera de la élite tradicional.

Esta falta de influencia en la «gran política» nacional, sumada a la expectativa de sus electores de tener un «embajador» que resuelva problemas, ha consolidado un perfil híbrido. La literatura especializada confirma que, en estas zonas, la labor legislativa cede terreno ante la capacidad de gestión territorial. El parlamentario no destaca por liderar grandes proyectos de ley, sino por ser un «gestor eficiente» que negocia con la burocracia estatal.

Esto deriva en una forma de trabajar muy específica:

1. La Oficina Parlamentaria como Servicio Social: Las sedes distritales (pagadas por todos los chilenos) operan como donde el personal de apoyo no se dedica tanto a la asesoría legislativa, sino a la gestión de casos: desde ayudas a los comités de viviendas hasta agilizar horas médicas.
2. Los Oficios como herramienta principal: Ante la imposibilidad de impulsar proyectos de ley propios, el parlamentario recurre masivamente al «Oficio de Fiscalización». Aunque es una herramienta de control, en la práctica se usa para mostrar a sus votantes que «se hizo la gestión» ante el servicio público.
3. El «Pirquineo» de votos en la Ley de Presupuestos: Donde más destacan no es en el debate ideológico, sino en la Ley de Presupuestos. Es allí donde negocian su voto a cambio de recursos específicos para la región (glosas para conectividad, bonos de zonas extremas, etc), una práctica transaccional necesaria para mostrar resultados para sus regiones.

En regiones pequeñas como Aysén, esta cercanía llega al punto de que el votante tiene el WhatsApp directo del parlamentario. Se genera una relación clientelar moderna, donde el voto se intercambia por acceso y solución de problemas domésticos.

Pero no se trata de apuntar con el dedo a los parlamentarios ayseninos o magallánicos en particular; además de que siempre hay excepciones. Es una conducta generalizada y sistémica. Culpemos al juego, no al jugador.

La pregunta de fondo es difícil. A sabiendas del desprestigio del Congreso (apenas un 8% de confianza según la última CEP) y considerando que, según el Barómetro Regional, el 75% de los ayseninos cree que sus parlamentarios aportan «poco o nada» al desarrollo; ¿se darán cuenta nuestros representantes (los nuevos y los reelegidos) de que esta fórmula está agotada?

Es una pregunta retórica; tienen hasta marzo, y cuatro años por delante, para pensar la respuesta.